El Gobierno de Navarra negocia con un fondo sueco para evitar que cientos de viviendas VPO pasen al mercado libre

Pamplona

El Gobierno de Navarra mantiene abiertas negociaciones con un gran fondo extranjero para evitar que viviendas que han perdido su calificación de protección oficial pasen al mercado libre y sufran subidas de alquiler. Así lo ha explicado en la SER la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que ha dejado claro que el Ejecutivo no contempla que estas viviendas salgan al mercado libre sin intervención pública.

En Sarriguren 168 viviendas protegidas perderán progresivamente su calificación VPO. De ellas, 60 ya la han perdido desde agosto de 2025, lo que ha obligado al Ejecutivo foral a intervenir. “Hemos estado trabajando y negociando con este fondo buitre y creemos que hemos llegado al mejor acuerdo que era posible”, ha señalado Alfaro. Según ha explicado, 28 de esas viviendas mantendrán las mismas condiciones de alquiler, ya que la promotora se ha comprometido a conservarlas como hasta ahora siempre que el Gobierno mantenga las subvenciones a los inquilinos. “Algo que hemos hecho”, ha subrayado la consejera.

En el caso de las otras 32 viviendas, cuyos inquilinos no tenían derecho a subvención, se aplicará el índice de precios del alquiler al encontrarse en una zona de mercado tensionado. “Los fondos no van a poder poner el precio por su cuenta. Esto no es Málaga y esto no es Madrid”, ha afirmado Alfaro, defendiendo la utilidad de esta figura legal para limitar las subidas.

Problema heredado

La consejera ha insistido en que la situación actual es consecuencia de las políticas de vivienda de hace dos décadas. “Estamos tratando de arreglar el desaguisado que nos dejaron las políticas de UPN de hace 20 años”, ha afirmado, en referencia a las promociones de VPO con protección temporal, que ahora están expirando.

La pérdida de calificación no se limita a Sarriguren. “No solo hablamos de estas 168 viviendas, sino de centenares en toda Navarra”, ha explicado Alfaro. Solo en 2026, el Gobierno estima que alrededor de 300 viviendas perderán la protección, una cifra que podría acercarse a las 2.000 viviendas de aquí a 2030, según los datos que maneja el Departamento.

Alfaro ha dejado claro que el Ejecutivo no contempla que estas viviendas salgan al mercado libre sin intervención pública. “No es un escenario que planteemos en absoluto”, ha asegurado. La estrategia pasa por mantener subvenciones cuando existan y, en los casos en los que no sea posible, aplicar con rigor los límites de precios del alquiler para grandes tenedores. “Desde luego, ahí va a estar el Gobierno de Navarra para impedir que ningún vecino salga de su vivienda”, ha insistido la consejera.

Las conversaciones con el fondo propietario continuarán a medida que más viviendas vayan perdiendo la protección. “La pérdida es progresiva y vamos a seguir negociando durante toda la legislatura”, ha explicado Alfaro. Aunque todavía no hay una estimación cerrada del coste económico que supondrá prorrogar estas medidas, la consejera ha garantizado que el Gobierno cuenta con recursos suficientes. “Es un dinero que tenemos claro que vamos a destinar a garantizar la estabilidad de los vecinos”, ha concluido.