Bicis eléctricas públicas, un "capricho caro"

Pamplona

El apagón del servicio de bicicletas eléctricas de Pamplona ha reabierto el debate sobre su sostenibilidad económica y su papel real en la movilidad urbana. Eneko Astigarraga, referente del ciclismo urbano en la Comarca de Pamplona y cofundador de la antigua asociación Ciudadanos Ciclistas (CCCP), plantea que el modelo implantado en los últimos años arrastra problemas estructurales que comprometen su eficacia y su coste para las arcas públicas.

Astigarraga, estudioso de la movilidad urbana y también responsable de la empresa Mundoraintxe, recuerda que Pamplona ha desarrollado durante décadas un ecosistema favorable para el uso de la bicicleta, con una red ciclista extensa y un perfil urbano que facilita los desplazamientos cotidianos. Aun así, considera que la expansión del sistema de bici eléctrica pública responde más a decisiones políticas y a inercias heredadas que a una evaluación realista de sus necesidades. “Lo primero es arrojar un poco de luz a cosas que tenemos asumidas per se porque las hemos heredado o porque alguien vio la oportunidad de montarlo a cualquier precio”, explica. Su reflexión se centra en el gasto público que supone mantener un servicio de estas características. “Un sistema de bicis públicas entendido como un servicio público de movilidad es un capricho caro”, afirma.

El especialista describe dos escenarios distintos. Por un lado, el uso simbólico, útil como impulso inicial para que la ciudadanía se acerque a la bicicleta. Por otro, el intento de ofrecer un servicio que sustituya desplazamientos cotidianos del punto A al punto B. En este segundo caso, sostiene que la complejidad del mantenimiento y de la redistribución diaria de bicicletas convierte el modelo en una estructura difícil de sostener. Para que funcione de forma estable, dice, sería necesario “sobredimensionarlo” y movilizar recursos que no se corresponden con la escala de una ciudad como Pamplona.

Astigarraga subraya que el dinero invertido en el sistema podría destinarse a actuaciones que, a su juicio, tendrían más impacto en la movilidad ciclista: aparcamientos seguros en destinos clave y soluciones de guardería de bicicletas, una carencia que identifica como uno de los principales factores disuasorios. Alude también al problema de robos, vandalismo y deterioro del material, que dificulta que muchos ciudadanos apuesten por bicicletas de calidad si no cuentan con espacios seguros para guardarlas.

El debate afecta además al equilibrio general de la movilidad. Astigarraga advierte de que los usuarios del sistema de bici pública no siempre proceden del coche o la moto. “Si estamos detrayendo viajes a pie por facilitar viajes en bici sobrepotenciada, quizás estamos perdiendo el foco”, señala, recordando que Pamplona es una ciudad donde caminar sigue siendo la forma mayoritaria de desplazarse.

El experto contextualiza el fenómeno en un proceso global que, desde hace dos décadas, ha llevado a muchas ciudades a incorporar sistemas de bicicleta pública a menudo impulsados por empresas multinacionales. En su opinión, el entusiasmo inicial de los ayuntamientos por disponer de un sistema propio generó compromisos costosos que no siempre se ajustaban a la realidad local.

Astigarraga cree que este momento que se vive en Pamplona puede abrir una oportunidad para replantear prioridades y evaluar con rigor qué herramientas necesita la capital navarra para fomentar una movilidad ciclista sólida y sostenible.