El Parlamento de Navarra respalda la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central

Pamplona

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción del PSN en apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, por considerarlo "una medida excepcional, legal y garantista que aporta seguridad jurídica, combate la economía sumergida y favorece la integración social y laboral". Por otro lado, se ha rechazado una resolución del grupo Mixto (Vox), que instaba a rechazar dicha regularización y que únicamente ha recibido el apoyo del grupo proponente.

Durante el debate se han producido un par de momentos broncos, en los que EH Bildu y Contigo-Zurekin se han referido al portavoz de Vox como 'elemento', después de que éste hubiera llamado 'nazis' a Contigo-Zurekin. Como es habitual, en el turno de debate de la moción de Vox no han intervenido PSN, Geroa Bai, ni Contigo-Zurekin. EH Bildu en esta ocasión sí ha realizado una breve intervención en respuesta a Jiménez.

La primera de las iniciativas ha sido aprobada con el apoyo del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra. La moción insta al Gobierno de Navarra y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) a "colaborar activamente en la difusión clara, rigurosa y accesible del proceso de regularización en todo el territorio foral, así como a combatir los bulos y la desinformación que puedan generar alarma social o estigmatización".

Asimismo, se emplaza al Ejecutivo foral a "reforzar las políticas de inclusión social dirigidas a las personas migrantes, garantizando la igualdad de derechos y deberes y promoviendo la convivencia y la cohesión social" en la comunidad. Finalmente, la iniciativa acuerda trasladar la aprobación de esta moción al Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones.

EH Bildu había planteado tres enmiendas de adición, de las cuales el PSN ha aceptado dos. En la enmienda que no ha sido admitida, el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a solicitar al Estado la transferencia de las competencias sobre migraciones.

En una de las enmiendas aceptadas, el Parlamento de Navarra "pone en valor el trabajo indispensable de las organizaciones sociales y de la sociedad civil organizada antirracista, que a través de diferentes movilizaciones e iniciativas como la ILP 'Regularización Ya', han contribuido a que esta regularización se haya podido activar".

En la segunda de las enmiendas admitidas, el Parlamento de Navarra "insta a todas las instituciones implicadas en este proceso (estatales, forales y locales), a poner en marcha y en su defecto, a reforzar, todos los recursos de los que dispone, para contribuir a agilizar el procedimiento de regularización".

En su defensa de la moción, la parlamentaria del PSN Olga Chueca ha afirmado que la regularización es una medida "plenamente constitucional y jurídicamente garantista" que "responde a una realidad social existente y a una demanda respaldada por más de 700.000 firmas a través de una iniciativa legislativa popular en 2024, así como por una amplia mayoría en el Congreso".

Jabier Arza, de EH Bildu, ha mostrado su "alegría" por "esta bendita y esperada regularización" y ha destacado que "si hoy estamos en vísperas de esta regularización, es por el papel que han jugado los colectivos antirracistas y de personas migradas" y el "apoyo de centenares de organizaciones sociales". Sin embargo, ha citado ciertos aspectos que "preocupan" a EH Bildu, como el "posible colapso de la Oficina de extranjería", entre otras cuestiones.

Por parte de UPN, Cristina López ha considerado que esta regularización "va a ser solo un parche" y es "una iniciativa oportunista" presentada "por motivos partidistas y en un contexto político delicado para Pedro Sánchez". Ha explicado que el "rechazo" de UPN "se debe tanto a la forma en la que se ha presentado, como a determinados aspectos de su contenido", por ejemplo "la manera en la que se va a exigir la demostración de ausencia de antecedentes penales". Esta regularización, "tal y como está planteada, sin mayor vinculación al empleo" y "sin ir acompañada de otro tipo de actuaciones, no es adecuada ni es la solución".

Desde Geroa Bai, Javier Ollo se ha mostrado a favor del "fondo" de la moción, pero ha querido "dar un pequeño toque de atención al Partido Socialista y al Gobierno de España" en cuanto a la "forma", de la que ha "discrepamos", porque se ha realizado "deprisa y corriendo a través de un Real Decreto, sin pasar por el poder Legislativo". "Una medida de estas características merecía pasar por el poder Legislativo e intentar conseguir un consenso, no sencillo, pero sí necesario", ha apuntado.

En nombre del PPN, Irene Royo ha subrayado que el Gobierno de España ha "evitado deliberadamente el control y la deliberación parlamentaria para impedir a los grupos que fijen su posición y mostrar así la ausencia de consenso político para una medida de semejante calado". A su juicio, la propuesta es "ilegal" al "no pasar por el Congreso y exceder las competencias del Ejecutivo". Según Royo, desde el PP "no rechazamos todas las regularizaciones, pero sí el modelo masivo". "Nosotros optamos por regularizaciones caso por caso", ha indicado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha valorado la regularización de "miles" de navarros "de origen extranjero que en la actualidad viven con todas las obligaciones, pero con ninguno de los derechos". "Muchos de ellos con trabajos precarios, y explotados por personas sin escrúpulos a las que no les importa que no tengan papeles, porque saben que podrán hacer con ellos lo que quieren y que estos no se van a atrever a denunciarles. Curiosamente, estas personas son las que más se oponen a la regularización", ha dicho.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha apuntado que "el PSOE nos vende esta regularización como un bálsamo milagroso" pero "no es más que una puerta trasera que debilita nuestras leyes" y genera "sobrecarga". "Vox está a favor de una inmigración controlada", ha manifestado. A su juicio, esta regularización es "un humo para distraer" y para "tapar el escándalo de Adamuz", causado por "la negligencia del PSOE".

Moción de Vox en contra

La moción de Vox, que constaba de 14 puntos, instaba a los gobiernos central y foral a "auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años", a la "repatriación" de los migrantes en situación irregular y a la deportación de "cualquier inmigrante" que "cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida". Además, reclamaba la "prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos".

Por otro lado, la moción instaba al Gobierno de España a implementar una política migratoria "firme, ordenada y acorde a las necesidades" del mercado laboral", pedía "suprimir toda ayuda y beneficio social" a migrantes en situación irregular, eliminar las subvenciones a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, y realizar modificaciones legales para "suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal".

Además, entre otras cuestiones, se instaba al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra a "suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional".