Más allá del 23-F: secretos oficiales que siguen vigentes en Navarra
Colectivos y familiares de los navarros Germán Rodríguez y Mikel Zabalza insisten en desclasificar documentos aún bajo secreto oficial
Germán Rodríguez y Mikel Zabalza: Muertes violentas que siguen bajo secreto de Estado
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Pamplona
La iniciativa popular Sanfermines 78 Gogoan ha vuelto a exigir la desclasificación de los documentos relacionados con los hechos acaecidos del 8 de julio de 1978 en Pamplona, una reivindicación que mantienen desde hace décadas y que consideran clave para conocer el alcance real de la intervención policial que terminó con la muerte por disparos policiales del joven pamplonés Germán Rodríguez. El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la próxima desclasificación de informes vinculados al 23-F ha reactivado la reclamación de quienes llevan años pidiendo que ese mismo criterio se aplique a los sucesos de los Sanfermines de 1978. Ramón Contreras, miembro de la asociación, explica que el anuncio de Sánchez les produce una sensación “agridulce”, porque lo consideran un avance, pero no entienden por qué siempre quedan fuera los más de veinte documentos que, según afirman, siguen bajo secreto oficial. “Hablamos del derecho a la transparencia y el derecho a la verdad, que no deberían ser una opción política, sino una obligación”, ha señalado.
Contreras recuerda que llevan años pidiendo al Estado que haga públicos los informes sobre las decisiones políticas y policiales tomadas aquellos días de julio. Apunta que incluso instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona o el Parlamento de Navarra han apoyado esta demanda sin obtener respuesta por parte de distintos gobiernos en Madrid. Subraya además que la actual Ley de Secretos Oficiales proviene del franquismo y que su renovación legislativa ha sido uno de los procesos con más bloqueos en el Congreso desde 1978. “No se puede dar este derecho con cuentagotas ni dependiendo de aniversarios. La verdad no pertenece al poder, pertenece a la sociedad”, afirma. A su juicio, mantener ocultos los documentos erosiona la confianza pública y dificulta la comprensión de un pasado que sigue influyendo en el presente.
La asociación insiste en que la opacidad tiene consecuencias directas sobre las víctimas. Contreras recuerda que la falta de acceso a los documentos impide cerrar heridas y frena cualquier intento de revisión judicial. “Negar el acceso prolonga el daño. Si la sociedad no tiene los datos, queda incompleta su capacidad de interpretar su propia historia”, señala. También cuestiona que, después de casi cinco décadas, se sigan invocando argumentos como la seguridad del Estado para mantener el secreto, cuando los hechos ya forman parte del acervo histórico y no afectan a operaciones vigentes ni a intereses estratégicos.
El caso de Mikel Zabalza
Las demandas de desclasificación van más allá de los Sanfermines de 1978 y se extienden a otros hechos luctuosos. El caso del navarro Mikel Zabalza, fechado en 1985, continúa también bajo la protección de secretos. Zabalza, detenido en San Sebastián y trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, apareció muerto veinte días después en el río Bidasoa. Su sobrina, Lohizune Amatria, sostiene que una posible desclasificación abriría nuevas vías para esclarecer las circunstancias del caso. “La esperanza no la hemos perdido. La noticia del 23-F demuestra que, si hay voluntad política, es posible”, ha afirmado en el programa La Ventana, en SER Navarra
Amatria recuerda que la causa penal del caso de su tío se cerró en menos de un año, se reabrió en 1995 y volvió a archivarse en 2010. Explica que hoy solo sería posible avanzar si aparecieran nuevas pruebas, aunque insiste en que son precisamente los altos cargos y las estructuras policiales quienes poseen esa información, que permanece amparada por la Ley de Secretos Oficiales. Zabalza ha sido reconocido como víctima de violencia policial tanto en Navarra como en Euskadi, algo que la familia considera un paso importante pero insuficiente. “Es un reconocimiento institucional que confirma lo que siempre hemos defendido, pero falta el acceso a la verdad”, afirma.
Las familias y colectivos coinciden en que están ante una oportunidad para avanzar en transparencia. Mantienen su exigencia de que el Estado adopte una política de desclasificación coherente, completa y orientada a garantizar el acceso público a documentos clave para comprender episodios aún marcados por la ausencia de verdad judicial y la falta de luz sobre decisiones políticas esenciales.
