Sindicatos de la Policía Foral reclaman asumir la seguridad en El Sadar
Animan al Gobierno de Navarra a que solicite esa función
Una imagen de las gradas del estadio de El Sadar en el último partido entre Osasuna y el Real Madrid EFE/ Villar López / Villar Lopez (EFE)
Pamplona
El debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad en los partidos de Osasuna ha vuelto a la agenda pública con la reivindicación de los sindicatos de Policía Foral, que defienden que este cuerpo asuma de manera plena el control de los espectáculos deportivos en Navarra. La petición retoma un planteamiento histórico apoyado en la competencia exclusiva de la Comunidad foral en materia de espectáculos públicos y en la consideración de Policía Foral como policía integral y de referencia.
El argumento se refuerza con un elemento añadido: el estadio de El Sadar es una instalación propiedad del Gobierno de Navarra, circunstancia que, según los sindicatos, justificaría que la vigilancia y seguridad de este espacio fuese realizada por Policía Foral. Este razonamiento ha sido expuesto públicamente por Santiago Arraiza, de la Agrupación profesional de Policía Foral (APF), quien sostiene que la reivindicación “viene de hace muchos años, porque entendemos que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos” y que, por ello, “sería Policía Foral la que tendría que hacerse cargo de ese espectáculo”. Arraiza recuerda además que, tras las dificultades económicas de Osasuna, el estadio pasó a titularidad pública, lo que refuerza su planteamiento de que “el propio Gobierno de Navarra sea el que vigile sus instalaciones”.
El representante sindical también subraya que Navarra ha avanzado con menos decisión que otras comunidades en la asunción de competencias de seguridad. “Aquí históricamente Navarra no ha sido muy echada para adelante para temas de competencia y menos en temas de seguridad”, señala, comparando la situación con Euskadi y Cataluña, donde los cuerpos autonómicos son los que cubren los eventos deportivos. Arraiza afirma que Policía Foral “está capacitada para hacer este servicio” y que la afición de Osasuna vería con buenos ojos este cambio. A su juicio, la decisión final depende de la voluntad política y del impulso que el Gobierno de Navarra esté dispuesto a dar.
El coste de la vigilancia
Consultado también por SER Navarra, el sindicato CSIF-APF, a través de su portavoz Roberto Valencia, expresa el mismo parecer en cuanto a la conveniencia de que ese cometido de vigilancia de un estadio como El Sadar sea asumido por el cuerpo autonómico. Sí que apunta un aspecto para considerar: que sea el propio club deportivo el que asuma los gastos extraordinarios que supone un despliegue de esta envergadura, teniendo en cuenta que la entidad deportiva -Osasuna en este caso- ingresa por el cobro de entradas a los espectadores. Para respaldar este argumento, Valencia explica que determinados costes extraordinarios que se dan en otras áreas como por ejemplo el acompañamiento a transportes especiales, son asumidos por las empresas que necesitan de esa prestación.
Ampliación del cuerpo policial
José María Ferrer de Cabo, representante de CCOO en Policía Foral, respalda la misma línea argumental pero centrado en el plano operativo. “Somos partidarios de que la Policía Foral está perfectamente capacitada para asumir la vigilancia del Sadar”, asegura, recordando que la Unidad de Intervención dispone de la preparación necesaria para gestionar este tipo de eventos. Ferrer de Cabo hace hincapié en que el despliegue policial debe optimizarse coordinando recursos y recuerda que actualmente la seguridad del estadio la presta Policía Nacional, aunque su sindicato “aboga por que lo preste Policía Foral”.
El representante de CCOO introduce además un elemento clave: la necesidad de más personal. Explica que la asunción de competencias, incluido el tráfico, ha dejado a Policía Foral en “déficit de personal”, por lo que considera indispensable reforzar la plantilla. Reclama que se convoque la Junta de Seguridad para incrementar los efectivos “de los 1.200 comprometidos a 1.600”, una cifra que considera necesaria para asumir adecuadamente los nuevos servicios que se acumulan.