El Colegio de Gestores Administrativos de Navarra, pendiente de la inminente regularización extraordinaria

Pamplona

La presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Navarra, Núria García León, ha explicado en La Ventana de la Empresa el papel que desempeña este colectivo profesional ante el proceso de regularización de personas migrantes previsto para los próximos meses. García León ha recordado que la profesión que ejerce y representa sigue siendo poco conocida, aunque detrás de cada gestor, apunta, hay una titulación superior, una colegiación obligatoria y un colegio profesional que garantiza el rigor de los trámites. En su caso, dirige la Gestoría Alkar en Pamplona y forma parte de un colectivo que actualmente reúne a 37 personas colegiadas en Navarra.

Los gestores trabajan como autónomos y atienden sobre todo a autónomos y pequeñas empresas. Realizan trámites ante cualquier administración. Su labor es amplia. Incluye fiscalidad, contabilidad, laboral, escrituras y, sobre todo, vehículos. En este punto, García León recuerda que los gestores realizan casi todos los trámites telemáticos del país. Por ejemplo, explica que en Navarra, el año pasado cumplimentaron 70.000 gestiones de tráfico. Explica que esta especialización se apoya en un convenio nacional que permite a los colegios emitir documentación oficial.

El colegio ha reforzado dos áreas en crecimiento: extranjería y nacionalidad. En Navarra cuentan con un convenio específico con la Delegación del Gobierno. Este acuerdo permite revisar expedientes y emitir certificados que acreditan que el trámite está completo. “Es una forma de decir: viene de un gestor, está bien hecho”, resume. Ese sello agiliza los procedimientos y evita errores habituales en procesos complejos.

El proceso de regularización en el horizonte próximo

La regularización extraordinaria de personas migrantes prevista entre abril y junio ha disparado las consultas. La normativa sigue en borrador, pero muchas personas ya buscan orientación. García León lanza un aviso claro. “Ya están saliendo los oportunistas de turno que te cobran 500 euros por una cita”. Pide acudir siempre a profesionales habilitados. “Nuestro consejo es que acudan a un gestor administrativo o, si no, a una persona cualificada”.

Quien quiera regularizarse deberá acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre del año pasado. También tendrá que demostrar cinco meses de residencia. Lo habitual será presentar empadronamiento, pasaporte o sellos de entrada. La Administración podría admitir otros documentos, como facturas o envíos de dinero, sobre los que García León expresa cierta prudencia: “Son temas que yo no los veo muy claros, pero si se admiten, hay que hacerlo bien”. Además, será obligatorio aportar certificados de antecedentes penales de España, del país de origen y de cualquier país en el que se haya residido en los últimos cinco años.

La regularización permitirá obtener permisos de residencia y trabajo. Las renovaciones seguirán el modelo actual. Bastará con acreditar un contrato o la continuidad de la relación laboral. Quien obtenga el permiso podrá canjear su carnet de conducir. Los gestores también tramitan esos canjes. “Para trabajar van a necesitar conducir”, explica, y recuerda que muchas personas necesitarán ese permiso para desplazarse en su día a día.

El colegio dispone ya de una guía informativa que puede solicitarse en cualquier gestoría. No es definitiva, pero ayuda a orientarse mientras llega el decreto oficial.

Los gestores, autónomos que trabajan con autónomos

García León aprovecha para detenerse en la situación de los autónomos, un colectivo que conoce desde dentro. Explica que la carga económica y administrativa sigue siendo elevada. “Cuando llega el trimestre y crees que vas a levantar cabeza, te toca pagar impuestos y te toca pagar las nóminas”, resume con claridad. Añade que cada obligación fiscal implica tiempo y recursos que muchos despachos pequeños no tienen.

La presidenta señala que la presión es constante. “Para pagar una nómina tienes que hacer muchas nóminas para otras empresas o muchas transferencias de vehículos”, comenta. Esa comparación refleja la tensión diaria de quienes trabajan por cuenta propia. Ingresos irregulares. Gastos fijos. Impuestos que no esperan. Y la sensación, muy extendida entre autónomos, de que la normativa no siempre se adapta a su realidad.

Por eso pide una escucha activa por parte de la Administración. “Solo pedimos que nos escuchen cuando presentamos propuestas”, afirma. Reclama que quienes diseñan las normas conozcan el día a día de quienes las aplican. Considera que muchas medidas se aprueban sin tener en cuenta su impacto real en la actividad diaria de los profesionales. Subraya que un pequeño ajuste en una obligación fiscal o en un procedimiento puede suponer horas de trabajo adicional en un mes especialmente cargado.

Reivindica también una mayor estabilidad regulatoria ante cambios continuos, adaptaciones, nuevos sistemas telemáticos y nuevos modelos. García León sostiene que esa dinámica complica la planificación de los despachos pequeños. Defiende que una regulación más estable permitiría concentrarse en el trabajo con los clientes en lugar de invertir tiempo constante en entender cada novedad.

Concluye que el objetivo no es reclamar privilegios, sino mejorar un sistema que ya funciona, pero que puede ser más ágil y más coherente con la realidad de miles de personas que sostienen buena parte del tejido económico. “Que nos escuchen a los que sabemos”, insiste.