Navarra afronta la regularización migratoria con llamadas a la prudencia y a acudir solo a canales oficiales

Pamplona

La futura regularización de personas migrantes prevista para esta primavera empieza a activar servicios públicos, entidades sociales y despachos profesionales. Navarra calcula que unas 10.000 personas podrían acogerse al proceso, según la consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. “Dar un dato preciso es complicado, pero valoramos que puede haber en torno a 10.000 personas en situación irregular”, explica. La cifra procede de flujos migratorios recientes y del trabajo conjunto con entidades sociales que operan sobre el terreno.

La consejera pide calma. “Todavía no se ha dictado el decreto definitivo”, subraya. Advierte de que ninguna persona conoce aún los pormenores del procedimiento. Reclama acudir solo a información oficial y recuerda que “el proceso va a ser gratuito”. Ese punto es clave. En las últimas semanas han circulado ofertas fraudulentas que prometen citas o gestiones a cambio de dinero. Alfaro insiste en que no debe pagarse por trámites ni intermediaciones.

Las dudas son muchas entre una población implicada por este procedimiento con el que se juegan su futuro. María Álvarez, abogada de Cruz Roja, confirma que el interés se ha disparado. “Es una oportunidad única”, resume. Explica que las personas deberán contar con pasaporte o un documento de identidad válido. También será obligatorio justificar la carencia de antecedentes penales en España y en cualquier país donde se haya residido en los últimos cinco años. El borrador del decreto estudia flexibilizar este punto en casos justificados. Aun así, Álvarez pide no interrumpir trámites previos porque la normativa aún no es definitiva. “Hay que esperar y valorar cada caso cuando se apruebe el texto”, señala.

El proceso también prevé avances en la protección de menores. Las entidades esperan que el nuevo marco facilite un primer permiso de residencia para niños y adolescentes que hoy viven sin documentación. También crece el interés entre personas mayores que no van a trabajar, pero que necesitan un reconocimiento básico para acceder a servicios o estabilizar su situación.

La consejera destaca el impacto social y económico. “Ahora mismo tenemos un sector amplísimo de población que tiene todas las obligaciones y no tiene ningún derecho”, afirma Alfaro. Defiende que la regularización aportará seguridad jurídica, aumentará las afiliaciones a la Seguridad Social y generará ingresos a través del IRPF. Añade que permitirá reducir la vulnerabilidad de personas que, por no tener permiso de trabajo, dependen de ayudas sociales. “La mayoría quiere contribuir a la sociedad en la que vive”, explica la abogada Álvarez.