Los sindicatos discrepan sobre la futura ley de Salud en Navarra
Mientras LAB está satisfecho, el Sindicato Médico cree que no servirá para atraer más médicos
Imagen del Complejo Universitario de Navarra / Gobierno de Navarra
Pamplona
El debate sobre la nueva Ley Foral de Salud ha dejado claras las distancias entre algunos sindicatos en ese ámbito. Alberto Pérez, portavoz del Sindicato Médico de Navarra, afirma que el texto "no mejora nada" en las condiciones laborales de los facultativos y que, tal y como está planteado, "blinda problemas que arrastramos desde hace años". Recuerda que la normativa vigente es de 1990 y admite que hacía falta una actualización, pero sostiene que el borrador actual "no incluye reclasificación, ni cambios en la jornada, ni voluntariedad de las guardias" y que, sin esos ajustes, Navarra seguirá sin atraer a nuevos médicos. "Si no vienen más profesionales, el déficit de plantillas se va a agravar", advierte.
Pérez insiste en que la ley parece centrada en gestionar la escasez de médicos en lugar de corregirla. Confía en que los grupos parlamentarios introduzcan "enmiendas de verdad" y adelanta que, si no es así, el sindicato volverá a presionar cuando se desarrollen las normas derivadas. La zonificación en un área única es otro punto de fricción. No rechaza el modelo, pero sí que los médicos puedan ser desplazados continuamente. "Los pacientes no pueden tener cada día un facultativo distinto; eso empeora la calidad asistencial", sostiene.
LAB: "avance necesario"
La postura de LAB difiere de la del sindicato profesional que agrupa facultativos. Su portavoz, Iban Irisarri, reconoce que la ley no resuelve todo, pero defiende que supone un «avance necesario» tras tres décadas sin una reforma de fondo. Considera que la norma puede convertirse en una herramienta útil para reorganizar el sistema sanitario y reforzar su planificación a futuro. «Una ley moderna y preparada para lo que viene nos va a permitir mejorar el sistema», señala. Irisarri admite que hay aspectos que requieren revisión, como la colaboración público‑privada o la estructura del área única, pero destaca que por primera vez "las organizaciones sindicales podremos participar en los criterios de movilidad y en la gestión de los recursos humanos".
LAB considera que la nueva ley podría mejorar cuestiones relacionadas con la gobernanza y la participación profesional en la toma de decisiones. No obstante, apuntan: "es un paso adelante, no el definitivo, pero sí uno que necesitábamos", resume Irisarri, convencido de que la norma puede servir para mejorar tanto las condiciones laborales como la atención a la ciudadanía.