Comptos avala la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Pamplona pero advierte de riesgos en la protección de datos

Pamplona

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la zona de bajas emisiones en Pamplona, que analiza el proyecto, el procedimiento de implantación, su seguimiento y los recursos destinados al mismo. Según indica, el Consistorio pamplonés ha gastado, entre 2022 y 2025, 1,3 millones en las ZBE. El informe del organismo fiscalizador señala que el contenido del proyecto y la ordenanza, aprobada en 2025, son acordes con la normativa, aunque añade que el análisis de costes y beneficios no es completo y equilibrado; que los procesos de consulta y participación se han centrado en el Casco Antiguo; y que puede existir riesgo respecto a la protección de datos.

El informe incluye dos recomendaciones. Por un lado, que se realice urgentemente la evaluación de impacto en materia de protección de datos personales del sistema de gestión de la ZBE; por otro, que el proyecto de la ZBE del Segundo Ensanche se elabore con datos actualizados, proceso de participación y estudio de costes.

Las zonas de bajas emisiones (ZBE), reguladas en la ley sobre Cambio Climático y Transición Energética de 2021, son ámbitos en los que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de su implantación es mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y mitigar el cambio climático. La normativa exige que los planes de movilidad sostenible de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes incluyan el establecimiento de ZBE. En Navarra, sin embargo, la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética obliga a establecer ZBE a todos los municipios mayores de 10.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Pamplona realizó un proyecto técnico al respecto que calificaba la calidad general del aire urbano como buena atendiendo a los estándares legales, "pero manifiestamente mejorable si se consideran las directrices de la Organización Mundial de la Salud". Según el proyecto, el factor que más repercute negativamente en la calidad del aire es el tráfico.

En materia de ruido también existen recomendaciones de la OMS, así como normativa europea y estatal. Existe un mapa estratégico de ruido referido a la Comarca de Pamplona, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Dicho mapa dio lugar a la aprobación de planes de acción para el periodo 2025-2029.

Las conclusiones del citado estudio son que los índices de ruido superan los objetivos de calidad acústica en el nueve por ciento de la superficie de la Comarca de Pamplona, que afecta al catorce por ciento de la población. La causa principal es el ruido del tráfico rodado. Los mayores niveles de ruido se registran en las rondas de circunvalación y en las avenidas de Navarra y de la Baja Navarra de Pamplona.

Implantación de la ZBE en Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona comenzó a preparar la ZBE en 2022 con la contratación de una empresa que entregó el proyecto al año siguiente. Dicho proyecto contempla su implantación en dos fases: la primera, en el Casco Viejo: la segunda, en el Primer y Segundo Ensanche. La primera fase se puso en marcha en diciembre de 2025. Implica la prohibición de acceder a la zona a los vehículos sin distintivo ambiental, aunque por ahora existen exenciones significativas a dicha prohibición.

El informe señala que el contenido del proyecto y la ordenanza, aprobada en 2025, son acordes con la normativa. Se realizaron procesos de participación según lo previsto en la normativa, focalizados en su implantación en el Casco Viejo. Se ha implantado un sistema técnico y de procedimientos para la gestión y seguimiento de la ZBE.

El informe señala que el análisis de costes y beneficios no es completo y equilibrado; que los procesos de consulta y participación se han centrado en el Casco Antiguo; y que puede existir riesgo respecto a la protección de datos, ya que no se ha realizado la evaluación de impacto sobre la materia, exigida por la normativa.

En cuanto a los recursos destinados a la ZBE, entre 2022 y 2025 se han gastado 1,3 millones. Prácticamente todo el gasto corresponde a un encargado a la sociedad municipal ANIMSA para desarrollar el proyecto. La financiación procede mayoritariamente de una subvención de algo más de 900.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, financiada con fondos Next Generation EU.

El sistema de gestión de la ZBE permite la lectura de matrículas y control de los aparcamientos en superficie. Existen 65 cámaras para la lectura de matrículas, cinco para el análisis del tráfico y 375 sensores de aparcamiento. También se han instalado sistemas de control con cámaras en doce vehículos de la Policía Municipal.