Certificar la discapacidad en Navarra cuesta 13 meses y medio de espera: "Se vulnera el acceso a los derechos básicos"

Pamplona

Asociaciones y entidades sociales piden al Gobierno de Navarra que trabaje en nuevas medidas para reducir el tiempo de tramitación de solicitudes de dependencia. Todo después de que la propia consejera Maeztu reconociese este martes que se ha multiplicado el tiempo de espera. La gerente de COCEMFE, Beatriz Mendibil, ha alertado en La Primera Llamada del Día, en Hoy por Hoy Navarra, de las consecuencias de esta demora, que ha pasado de 5 a 13 meses y medio de espera.

"Esto está suponiendo tiempo de espera para unas personas cuya discapacidad va avanzando y mermando su calidad de vida. Sin ese documento, no existen a nivel administrativo, por lo que se generan situaciones de desigualdad y se vulnera el acceso a derechos básicos", ha señalado Mendibil.

Un tiempo que deriva también en pérdida de dinero: "Impacta en la economía familiar y dejan de acceder a prestaciones como centros de día. Además, se habla de una demora de 13 meses, pero hay casos en los que puede llegar incluso a dos años", ha asegurado.

Por eso las asociaciones y entidades sociales se han puesto a disposición del departamento para buscar soluciones: "Creemos que es el momento de probar otro tipo de soluciones que hasta ahora no se han adoptado. Se pueden probar medidas que se toman en otros territorios, con nuevos equipos y otros perfiles profesionales. Quizás puedan aliviar la congestión en cierta forma", ha sugerido.

Maeztu: "Hay mucho ámbito de mejora"

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha manifestado este martes que los tiempos de tramitación de solicitudes en valoración de la discapacidad "no son positivos" y "hay mucho ámbito de mejora". "No estamos satisfechas, y aunque hemos tomado medidas para reconducir esta situación, no lo hemos logrado", ha dicho, para precisar que han pasado de 5 meses de tiempo de valoración en 2019 a 13,5 meses en enero de 2026, "plazos que deben ser corregidos".

En comisión parlamentaria a petición de UPN, Maeztu ha señalado que "somos conscientes de que debemos rebajar" los plazos y ha añadido que "de verdad que estamos trabajando para intentar revertirlos".

Según ha explicado, han sido varios los factores que han influido en este aumento de plazos y ha precisado que la entrada en vigor, en mayo de 2023, del Real Decreto por el que se establecieron cambios en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad "ocasionó en la mayoría de las Comunidades Autónomas un retraso en los plazos de valoración de la discapacidad".

"Tradicionalmente hemos contado con dos equipos de valoración de discapacidad, formados por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social cada uno de ellos", ha dicho, para señalar que en 2023 se incorporó un nuevo equipo de medicina, psicología y trabajo social.

A esta situación, ha expuesto, "se añade además un incremento muy grande de las solicitudes, lo que explica también ese aumento de los plazos". "En los últimos años, se ha registrado un crecimiento de las solicitudes, pasando de 6.059 al año en 2019 a 8.593 en 2025, un 42% más", ha manifestado, para comentar que "en los últimos tres años se ha mantenido constante el número de solicitudes en torno a las 8.500 al año, 1.000 más de las que hubo en 2022, y 2.500 más de las que entraban en los años previos".

Ha señalado la consejera que en estos dos últimos años han cambiado totalmente los equipos por jubilación de los profesionales, tanto de medicina como de psicología, "no siendo posible estabilizar la plantilla". "En estos momentos, por ejemplo, de los tres puestos de psicología, uno está ocupado por una persona recién incorporada (2 meses) y dos se han sustituido esta semana por baja de las profesionales", ha dicho, para exponer, en cuanto a los profesionales de medicina, que las tres plazas han salido a oposición, pero sólo se va a poder hacer efectiva la incorporación de una persona titular a media jornada en una de las plazas, "debiendo cubrir las otras nuevamente por personal temporal".

Según ha continuado, "este año se ha aprobado la contratación de un cuarto equipo (TS, medicina, psicología y TO) con incorporación reciente de todos los profesionales, excepto el profesional de medicina". "En este sentido, las dificultades con los profesionales de medicina son evidentes. Estamos barajando la posibilidad de reforzar los equipos con otros profesionales, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, si finalmente no se cubren las plazas de médicos", ha comentado.

Ha manifestado la consejera que "debemos aspirar a atender a las personas en los plazos que marcan las leyes de las que nos hemos dotado, porque somos conscientes de que detrás de cada expediente hay una historia y una vida y eso es lo que nos mueve a mejorar". No obstante, ha señalado que "las personas que necesitan la valoración de forma urgente (para acceder a un trabajo o a educación, por ejemplo) son atendidas antes; las que son urgentes, se ven en una semana y las prioritarias en un mes", ha indicado.

La parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha señalado que "las cosas no se han hecho bien". "Los atrasos en la valoración no son meros números ni fechas en el calendario, son un problema social y, sobre todo, un problema humano", ha dicho, para comentar que "las demoras generan desigualdad y una pérdida efectiva de derechos". Ha propuesto "copiar" lo que hacen bien otras CCAA en esta materia y ha exigido una "solución inmediata a las listas de espera en discapacidad, no sé si más recursos o una mejor organización, plazos claros y respuestas ágiles".

La parlamentaria socialista Olga Chueca ha valorado el reconocimiento, por parte de la consejera, de una situación que "no es satisfactoria". "No estamos ante un problema aislado de Navarra porque la entrada del Real Decreto en 2023 ha tensionado los sistemas de valoración prácticamente en todas las comunidades autónomas y a esto se han sumado factores estructurales que no podemos ignorar", ha indicado.

Desde EH Bildu, Javier Arza ha manifestado que "los plazos de acceso a diferentes servicios están siendo incumplidos durante esta legislatura", y ha comentado que tiene "la impresión de que hay frustración con este tema, que se han puesto en marcha diferentes medidas, que no se ve que tengan un impacto en la mejora de las listas de espera". Ha propuesto así que pongan en marcha "un grupo de personas expertas, en el que esté incluido también el Cermin, para que puedan hacer una valoración" de la situación y poder plantear un plan de choque.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha indicado que "no podemos quedarnos conformes con la situación actual y es preciso poner todos los recursos que sean necesarios para cumplir los plazos legales". "Todo con el único objetivo de reducir cuanto antes las listas de espera y cuanto antes poder hacer las valoraciones cumpliendo el plazo de tres meses que fija nuestra cartera", ha expuesto.

Maribel García Malo, del PPN, ha señalado que la situación "va a peor" y "muchas personas se están viendo afectadas por este incumplimiento de la Administración". "Estamos en una situación muy límite y cada mes de retraso está teniendo consecuencias", ha afirmado, para incidir en que "la situación es de colapso" y "debe tratarse como una urgencia social". Ha abogado así por poner en marcha un plan de choque "inmediato".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha indicado que "no es una buena noticia" que se estén incumpliendo los plazos, que son "un despropósito administrativo". Y ha considerado que dichos plazos "son insoportables para las personas pendientes de la valoración y sus familias". "El departamento está trabajando pero las medidas no están logrando materializar un cambio de tendencia", ha expuesto, para abogar por "medidas de manera intermultidisciplinar".