El editorial de Pepa Bueno: "Anteponer el derecho sobre los instintos"

España lleva semanas asistiendo a una batalla social y mediática entre la razón y las vísceras. El tribunal de derechos humanos de Estrasburgo anuló de un modo casi unánime la Doctrina Parot. Y su sentencia es vinculante. Obliga a las autoridades y a los tribunales españoles.

Y por mucho dolor que nos cause ver salir a la calle a terroristas responsables de decenas de asesinatos, que no han hecho el menor esfuerzo por arrepentirse o pedir perdón. Y por mucha repugnancia y preocupación, que nos provoque ver en libertad a asesinos y violadores, que causaron un sufrimiento atroz a sus víctimas y a sus familias... la ley se está cumpliendo, y eso es lo primero y fundamental para que funcione el estado de derecho.

De acuerdo a la ley bajo la que fueron juzgados, y tal y como entonces se aplicaban las condenas, todos ellos han cumplido con la justicia, y son ahora personas libres con pleno uso de sus derechos y sus libertades. El Estado les ha aplicado los mismos principios que todos nosotros querríamos que nos aplicaran si la vida nos pusiera en esa tesitura: una ley igual para todos, un castigo que no sea retroactivo y la posibilidad de rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad. Es comprensible la alarma social e incluso la preocupación por la salida a la calle de violadores y asesinos, como no entenderlo...Pero la justicia no sería justicia si se saltara la ley.

Y los primeros que deben dar ejemplo de respeto a las reglas son los cargos públicos. Provoca estupor escuchar estos días a alcaldes o a subdelegados de gobierno anunciando la llegada a su localidad de alguno de los recién liberados, haciéndose fotos delante de las viviendas que habitarán, alertando a la población y apelando al miedo.... Para que una sociedad se respete a sí misma y respete la ley tiene que tener dirigentes que antepongan las reglas y el derecho... a los instintos. Lo contrario es la ley de la selva, y nadie quiere vivir en ella. Hay una pregunta que sólo formularla estremece: ¿quién será el responsable si un día se produce algo parecido a un linchamiento popular de alguno de los excarcelados?