El editorial de Pepa Bueno: "Por nuestra reputación y por nuestro dinero"

Las grandes empresas españolas y todos los bancos sanos insistían estos días en que los beneficios que han declarado en su cierre del año 2013 se deben a sus negocios fuera de España, muchos de ellos en Latinoamerica. El último en subrayar este punto fue Emilio Botín. Por eso es tan importante cómo se resuelva el episodio de Sacyr y el Canal de Panamá. A esta hora, las 8 aquí, las dos de la madrugada en Panamá, no podemos afirmar categóricamente que las obras se han paralizado. El Gobierno dice que sí, la empresa lo niega, pero fuentes del consorcio sí acaban de confirmar a la SER que esas obras están -son palabras textuales- "a bajo ritmo de actividad". Además, admiten que han enviado una carta a los trabajadores diciéndoles que tienen problemas financieros.

Todas las apelaciones a la responsabilidad no han impedido la ruptura de las negociaciones por el sobrecoste de 1.600 millones de dólares que reclama Sacyr. Es importante resolverlo bien y pronto por la reputación de nuestras empresas , pero también por lo que dice el ministro de Economía: "Lo que va a hacer el gobierno es intentar minimizar el impacto que los avales otorgados pudieran tener en el Tesoro español".

¿A cuánto asciende ese impacto, como lo llama el ministro del Guindos? Donde dice impacto debemos leer dinero, dinero público... ¿Cuánto puede costarnos los avales que en su día ofreció el Estado a las empresas españolas que consiguieron el contrato de Panamá, ahora roto o a punto de romper, porque a pesar de la escalada de declaraciones la partes siguen intentando negociar?

Rajoy ha recibido a Urkullu en Moncloa para hablar del fin de ETA. Sólo la reunión es ya una buena noticia, dado el inmovilismo oficial del PP nacional y el gobierno en este asunto. El lehendakari se vio también el fin de semana con Alfredo Pérez Rubalcaba y Patxi López. Y todo movido por la mano de la discreta y realista Arantxa Quiroga. Deshielo después de la manifestación de enero en favor de los presos y la voluntad de Urkullu de que las fuerzas democráticas lideren el relato final de la violencia, sin permitir que la ocasión se pudra esperando el certificado de disolución de la banda, ni dejar toda la iniciativa y movimientos en manos de los abertzales.

¿Qué puede hacer el gobierno? Parece que ningún movimiento desde luego hasta la cita inminente con el otro terrorismo, el décimo aniversario del 11-M que se cumple el mes que viene. Y después veremos si la soltura de amarras con el sector radical de Mayor Oreja que se vio en Valladolid, se traduce en buscar fórmulas que empujen el final definitivo de la pesadilla.