El editorial de Pepa Bueno: "De la novedad a lo trascendente"

Este martes 8 de abril viene cargado de novedades y de noticias trascendentes. Empecemos por las trascedentes. Aquí en España, a las 16 h, pleno del Congreso para debatir la petición catalana de recibir las competencias que le permitan convocar el referéndum soberanista. Habrá que escuchar atentamente. De antemano, todos proclaman voluntad de diálogo, aunque Mas insiste en que mantiene la convocatoria del 9 de noviembre.

Veremos en qué se traduce esa expresión, voluntad de diálogo, sobre la tribuna del hemiciclo. Y tendremos enseguida alguna pista porque vamos a hablar con los portavoces de PP, PSOE y CIU. El Presidente del gobierno dice que dialogar no es "imponer condiciones".

El segundo escenario trascendente está en la Europa Oriental. Dos nuevos territorios de Ucrania buscan su independencia e incluso la autoproclaman. Son Dóniesk y Jarkóv, que piden su anexión a Rusia. La policía ucraniana acaba de desalojar la sede del gobierno regional de esta última, y ha detenido a 70 personas. El gobierno de Ucrania advierte de que no está dispuesto a que se repita el guion de Crimea, a que el Kremlin diseñe la desestabilización del país. Veremos también aquí la evolución de los acontecimientos, aunque de momento, ya se puede constatar que las sanciones internacionales dejan bastante indiferente a Putin.

Hay que anotar además en este comienzo de día, dos movimientos judiciales. El primero, muy extraño, que anoche les adelantó la SER. La jueza Alaya, que se resiste a enviar al Supremo la parte del caso ERE que afecta a aforados, se resiste tanto, que ayer se saltó todos los procedimientos y envió al Congreso y al Senado a Guardias Civiles para entregar un oficio a dos diputados, los socialistas José Antonio Chaves y José Antonio Viera, y al Senado otro para el senador José Antonio Griñán. Los presidentes de las Dos cámaras se negaron a recibir los oficios y le recordaron que las cosas no se hacen así en nuestro ordenamiento y que solo el Tribunal Supremo puede dirigirse a las Cámaras, que no puede hacerlo una jueza de instrucción sin competencias para investigar electos aforados, enviando Guardias Civiles con el papelito.

Y el segundo movimiento, la confirmación policial de que el partido que gobierna España, el PP, pagó en negro las obras de su sede. Lo dice la Unidad de Delitos Económicos Y Financieros de la Policía. En un informe que han enviado al juez Pablo Ruz, los investigadores aseguran que se emitían dos facturas. Una pequeña y otra mucho mayor, con los gastos reales. Según el juez, este informe confirma a nivel indiciario "la existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad que el PP remitió al tribunal de cuentas. No consta a esta hora ninguna reacción, ninguna respuesta del PP a una acusación de este calibre.