Un problema no se resuelve con un uso de la legalidad que se limita a decir que no

Rajoy declaró ayer en el Senado que la consulta pretendida por la Generalitat era ilegal. Lo primero que me sugiere esa afirmación es que nuestra cultura democrática no es muy elevada cuando el representante del poder ejecutivo se arroga también la función de establecer qué es legal o no, obviando toda división de poderes. La segunda puntualización no es un asunto menor: la consulta está "suspendida" por el Tribunal Constitucional, pero no es "ilegal". Que todos sepamos que va a ser declarada ilegal pone de manifiesto lo marcadas que están las cartas en este juego, con un Tribunal Constitucional convertido en una mera correa de transmisión de eso que hasta ahora llamábamos "los dos grandes partidos". Las leyes sirven para la convivencia, para resolver problemas, pero algunos las han convertido en una coraza para protegerse frente a ellos. La política que tanto se echa en falta en este asunto es la incapacidad de los agentes políticos para buscar fórmulas que den solución a un problema que no puede ser resuelto al margen de la legalidad, por supuesto, pero que tampoco se resuelve con un uso de la legalidad que se limita a decir que no. Esto fue ayer, en el Senado, pero antes de ayer Rajoy pareció mostrar un perfil de hombre de estado al asegurar que había margen para la imaginación política en busca de una solución razonable al problema catalán. ¿Por qué perfil se decidirá finalmente?