Hipotecas suelo: ¿Dónde están las comunidades autónomas?

Pero me quiero parar hoy en otro aspecto de esta guerra de aproximadamente 3,5 millones de consumidores con sus bancos y cajas: la “fragilidad” una vez de los clientes, “obligados” a llegar a los tribunales para defenderse de unas cláusulas que hasta el Tribunal Supremo declaró ilegales. Y lo que es peor y más grave: la “fragilidad” o poco interés de las instituciones de consumo para defender a los afectados.

El Principado de Asturias, gobernado por PSOE en coalición con IU, con la iniciativa de la UCE de Asturias, ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera. Decidió abordar el problema por otra vía que evitara a sus vecinos llegar precisamente a los tribunales: utilizando las herramientas de protección a lo consumidores que, una vez más, se han demostrado útiles ¡si se quiere así! Y se puso manos a la obra para sancionar a aquellos bancos que incluían estas cláusulas ilegales. Multas de 8.000 euros a cada banco por tener esas cláusulas abusivas. El caso es que ya hay más de 50 sanciones de 8.000 euros y más de 2.000 expedientes abiertos que, seguramente, correrán la misma suerte.

¿Resultado? Los bancos se lo han pensado, ya sabéis, el dinero, la mala imagen, la reputación, etc. Y las reacciones son evidentes: alguna entidad ya está negociando acuerdos con los afectados para evitar sanciones y un desgaste absurdo entre sus clientes y la sociedad asturiana en general. Y se están retirando las citadas cláusulas.

Por esta vía, más rápida y barata que cualquier procedimiento judicial, se están evitando pleitos, gasto de dinero, esperas y se consigue ahorrar un importante pellizco en las cuotas de los que tienen estas hipotecas trampa: entre 100 y hasta 300 euros al mes. Ahora falta el siguiente paso: conseguir que devuelvan las cantidades que nunca debieron cobrarse…

En definitiva, sacar partido a las leyes en defensa de los consumidores y proteger sus intereses, que no es precisamente lo que se va a menudo. Una política en defensa de los consumidores valiente que deja en muy mal lugar al resto de los servicios de consumo de las otras comunidades autónomas, ajenas totalmente a una ilegalidad. Una carencia de actuaciones que pone en duda la verdaderas política de protección de los consumidores de muchas comunidades autónomas. Hasta el punto de quien sabe si algún día la Fiscalía no debería investigar posibles irregularidades en estas actuaciones y políticas de mirar para otro lado…

Eso sí, de este problema, no son pocos los que están sacando tajada.