Dudas judiciales

Madrid

A Doris Benegas, hermana del socialista Txiqui Benegas, le acaban de retirar una multa impuesta por la Delegación del Gobierno en Madrid como una de las convocantes de la concentración 'Rodea el Congreso'. Ojo, no es que a la justicia le parezca bien eso de rodear el Congreso, pero no considera probado que esta mujer, dirigente de la coalición Izquierda Castellana, fuera efectivamente, una de las convocantes. Y resulta que esta noticia nos llega sólo un día después de que ocho personas hayan sido condenadas a tres años de cárcel por el asedio al Parlamento catalán que se vivió en junio de 2011. ¿Recuerdan las imágenes, verdad? El president de la Generalitat y algunos consellers entrando en helicóptero, los mossos d'esquadra protegiendo a los diputados, gritos, insultos, zarandeos.....fue un espectáculo lamentable que la Audiencia Nacional había resuelto con la absolución de los acusados pero que ahora el Supremo ha corregido por la vía de una sentencia realmente dura.

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A ver, he de confesarles que todo este asunto me genera –e imagino que a ustedes también- muchas dudas. De entrada, ¿tiene que acabar en la cárcel alguien que protesta por algo, en este caso por los recortes? Pues creo que no, rotundamente no. Pero ¿sería de recibo cerrar este episodio como un simple incidente, es decir puede ser bloqueada con total impunidad, la sede de la soberanía popular? Pues sinceramente, tampoco. Por eso les decía que es un asunto muy espinoso y donde la prudencia, el equilibrio, una cierta mesura debería ser la norma de comportamiento.

Pero me da la impresión que el Supremo –es una opinión personal- puede haber cargado las tintas en exceso; esto huele a sentencia ejemplarizante y a mí eso me provoca más bien urticaria. Sí, porque el contexto no es el de cuatro locos con una idea peregrina; no, el contexto –no la coartada, insisto: el contexto- era y es una galopante pérdida de derechos y de calidad de vida que hace casi obligado dirigir las protestas contra quien toma las decisiones. Así que ojalá el Tribunal Constitucional, en cuyas manos acabará finalmente esta historia, le ponga un cierre lo más sensato posible. Fácil, desde luego, no lo va tener.