La reforma de la Ley de Montes no gusta a casi nadie

Madrid

Este Día Mundial Forestal viene marcado en España por el debate sobre la reforma de la Ley de Montes, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de enero. El texto contempla, entre otras cosas, el cambio de uso de suelo forestal afectado por un incendio por motivos de interés público, la modificación de las competencias de los agentes forestales o la agrupación de propiedades forestales para favorecer su gestión y protección.

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Pero el anteproyecto ha provocado críticas en sindicatos, grupos ecologistas, agentes forestales e, incluso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a quienes no les gusta la reforma. Tal vez, uno de los aspectos más polémicos sea la modificación del artículo 50 que introdujo, en 2006, la prohibición de que un terreno forestal arrasado por un incendio pudiera cambiar de uso durante 30 años para evitar la especulación con el terreno. En la ley reformada se permite recalificar un terreno incendiado cuando existan motivos de interés público. Luis Díaz Villaverde, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, considera que "estamos retrocediendo décadas. De aprobarse esta ley, cada Comunidad Autónoma podría legislar y autorizar la construcción de cualquier cosa [en un espacio arrasado por el fuego]. Ocurrió con 'Terra Mítica' en Alicante, con 'Meseta Ski' en Tordesillas, y podría ocurrir en el Monte Abantos, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid". A la oposición de los Agentes Forestales se suman las formaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, por ejemplo, dice en su página web que "con esta modificación existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas".

Agentes incómodos

Otro aspecto que han rechazado los agentes forestales, así como los sindicatos y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), es la modificiación del artículo 58, donde se habla de las atribuciones de los Agentes Forestales. En estos momentos, su función principal es vigilar y proteger el patrimonio medioambiental de España con potestad para investigar delitos penales referidos al medio ambiente. Luis Díaz Villaverde asegura que "ahora estamos trabajando de una manera coordinada y recíproca con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si se aprobara esta ley nos quedaríamos de meros observadores, y las brigadas especializadas en la investigación de incendios o en envenenamiento de fauna, ya no tendrían ningún sentido". Los sindicatos CCOO y UGT y la Asociación Unificada de Guardias Civiles afirman que "no hay ningún tipo de conflicto entre guardias civiles y agentes forestales en cuanto a la confluencia de sus competencias. Nadie sobra para la persecución de los delitos. Al contrario, la suma de todos hace que los montes estén mejor protegidos, máxime cuando las plantillas de ambos colectivos son deficitarias en número y, en algunos casos, los medios materiales son muy escasos para hacer frente a una buena función", señalan en un comunicado.

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Los agentes forestales aseguran que la pérdida de atribuciones en la nueva ley que ahora tramita el Parlamento se debe a que son incómodos con sus denuncias por delitos medioambientales. Luis Díaz dice que "estamos interponiendo denuncias a gente con mucho poder en este país, familias y políticos muy poderosos. Y nosotros nos debemos al principio de legalidad, que está por encima del principio de jerarquía. Si nuestro jefe nos dice que no denunciemos a una familia que se está construyendo una mansión en el Parque Nacional de Cabañeros, nosotros no le hacemos caso. Hace un mes, los compañeros de Castilla-La Mancha han denunciado un posible caso de prevaricación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por consentir la plantación de cultivo de viñedo en espaldera en una reserva natural, a sabiendas de que no se podía. A los compañeros les han estado presionando, les han echado de la oficina de la que dependían, les han retirado los ordenadores... Y en otras comunidades está pasando más o menos lo mismo".

Los instrumentos de gestión

El anteproyecto del Gobierno para la reforma de la Ley de Montes presume de "hacer efectiva la gestión forestal sostenible y, como parte de ella, la protección de los montes frente a incendios, incorporando entre otros factores instrumentos de gestión adecuados para todo tipo, extensión y complejidad de las masas forestales". Sin embargo, la Asociación Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales recuerda que ahora mismo los instrumentos de gestión (en cuyos planes se establece el cultivo sostenible de los bosques o las mejoras necesarias en los montes) son obligatorios en todos los tipos de montes: en los públicos no catalogados, en los particulares y en los montes de utilidad pública. A partir de ahora, denuncia Luis Díaz Villaverde, estos instrumentos no serían obligatorios en los montes particulares ni en los públicos no catalogados, por lo que "puede haber mayor riesgo de incendios, mayor pérdida de biodiversidad o incremento de la erosión en muchos terrenos".

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Los agentes forestales también están en contra de que a partir de ahora, con la reforma de la ley de Montes, "se puedan tocar los montes protectores, que son los que están en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y los que aseguran la cantidad y la calidad del agua, y que hasta ahora han estado muy protegidos". Además, denuncian que con la nueva ley no sería necesaria una autorización administrativa, sino una simple declaración responsable, para extraer menos de 10 metros cúbicos de madera o 20 estéreos de leña.

Una reforma ilegal e innecesaria

Las acusaciones de los agentes forestales va más allá de las críticas a un texto que no les gusta en su conjunto. Luis Díaz Villaverde apunta que "el anteproyecto contempla aspectos procesales de una ley orgánica, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que entedemos como ilegal. Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se han mostrado en contra del borrador, y también el Colegio Oficial de Biólogos, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, los agentes sociales, los partidos políticos de la oposición, así como los cinco grupos ecologistas más importantes de España". Díaz Villaverde acusa, además, al Gobierno de engañar a los ciudadanos porque "el borrador que estuvo expuesto a participación ciudadana durante un mes en el ministerio no tiene nada que ver con el que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Los cambios relativos a la recalificación de terrenos incendiados o el cambio de atribuciones de los agentes forestales no estaban recogidos en el borrador".

Aparte de considerarla ilegal en algunos aspectos, los agentes forestales creen que la reforma es "una barbaridad, una aberración y una ley innecesaria". También la Asociación Unificada de Guardias Civiles, así como UGT y CCOO, han pedido al Gobierno y a los partidos políticos que se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores "que son los que están sobre el terreno, y no hagan modificaciones normativas innecesarias, al tergiversar el debate por intereses ajenos a la ciudadanía y al medio ambiente".