Ignacio: 40 años buscando a su hermano

Madrid

Ignacio Errandonea trabaja en construcción. Pero a lo que de verdad ha dedicado los últimos 40 años es a buscar a su hermano. Ignacio y Juan Pablo nacieron en Las Piedras, una pequeña ciudad a unos 20 kilómetros al norte de Montevideo. Juan Pablo era menor pero ambos tuvieron inquietudes políticas desde muy jóvenes “eran los años 1969 y 70, ya había empezado en Uruguay la represión política y social en los últimos años del gobierno democrático y nuestro padre, que era docente, estuvo dos meses encarcelado en un cuartel sin ningún tipo de juicio”, recuerda Ignacio. Desde entonces los dos hermanos empezaron a militar en organizaciones de izquierdas a pesar de que la represión dejó de ser una excepción y se incrementaba con el paso de los días. En 1972 las autoridades se lo llevaron a él, todavía adolescente, y estuvo casi un mes detenido en un cuartel. Fue torturado a diario. Con el golpe de estado, el 27 de junio de 1973, las fuerzas armadas fueron a buscar a los dos hermanos a su casa. Entonces decidieron emigrar a Buenos Aires.

Desaparición y exilio

Juan Pablo tenía 17 años y trabajaba como obrero gráfico. Ignacio era electricista. En septiembre del 76 los amigos de Juan Pablo avisaron a su hermano mayor con la peor noticia: los militares lo habían levantado. “Lo secuestraron militares uruguayos con el apoyo de agentes argentinos. Lo llevaron a un centro de detención clandestino y, de ahí, no sabemos lo que pasó”. La familia presume que lo trasladaron a Uruguay ya que, con el tiempo, las fuerzas aéreas reconocieron que habían hecho un traslado de un grupo de prisioneros días después del secuestro de Juan Pablo. En las redadas de esos días los militares detuvieron a otras 27 personas.

Ignacio recorrió los hospitales, las iglesias, cada rincón bonaerense donde pudiera encontrar alguna pista de su hermano. Pero fue en vano. Sus padres viajaron de inmediato a Argentina para hacer las denuncias pertinentes. Él no se podía presentar ante las autoridades, también le estaban buscando. Así que acudió a la oficina de Naciones Unidas y pidió refugio. Dos meses después estaría exiliado en Francia con el pesar, ya de por vida, de la ausencia impuesta de su hermano.

La organización, la búsqueda y la denuncia

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La búsqueda de los desaparecidos empezó desde el minuto uno. Familiares de desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor se organizaban para denunciar ante gobiernos en el extranjero e instancias internacionales los crímenes de Estado que se estaban cometiendo bajo el amparo de las dictaduras sudamericanas. “La Operación Cóndor consistía en eliminar opositores sin fronteras. Así los militares uruguayos pudieron detener a disidentes en Brasil, Paraguay, Argentina o Chile… a la mayoría los trasladaban a Uruguay para interrogarlos y ejecutarlos”.

La dictadura duró trece años. En 1985, con la llegada de la democracia, los familiares de las víctimas presentaron denuncias penales por lo que había ocurrido. El gobierno dictó la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” con la que permitió la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos durante la dictadura. “Nosotros, los familiares, impugnamos la ley. Había que reunir las firmas del 25% del padrón electoral y lo conseguimos. Así que la ley fue a plebiscito pero lo perdimos”, recuerda Ignacio, que regresó del exilio en el 88. “Lo perdimos porque imperaba el terror, las amenazas del gobierno… eso nos llevó a estar un montón de años solos porque la derrota fue grande”.

Marchas del Silencio que gritan verdad y justicia

Las familias nunca se rindieron y empezaron a buscar en las calles la justicia que les impidieron las instituciones. En 1996 organizaron una marcha para reclamar verdad y justicia, en un silencio simbólico, por las calles de Montevideo. A partir de ahí, cada 20 de mayo celebran la Marcha del Silencio. “Se están incorporando los jóvenes porque la sociedad está entendiendo que no son reclamos de lo que sucedió en el pasado sino que saber la verdad es esencial para construir el futuro. Queremos saber la verdad de los cientos de desaparecidos y asesinados, de los miles y miles de detenidos y torturados. Queremos saber la verdad de lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay. Porque una sociedad que se construye en base a la mentira y el ocultamiento no es una sociedad democrática. Una sociedad que no conoce su pasado está condenada a repetirlo”. Y parece que la sociedad uruguaya (en gran parte por el trabajo de los familiares y organizaciones como la de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a la que pertenece Ignacio) lo entiende así y cada vez son más los que reclaman verdad. La marcha de este año ha sido la más numerosa de las celebradas hasta ahora.

La presión popular ha hecho que el gobierno, 40 años después, dé pasos en este sentido. El presidente Tabaré Vázquez, pocas horas antes de la marcha, oficializó un grupo especial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Algo que las familias aplauden y ven con esperanza.