Un año de incertidumbre sobre los 43 estudiantes normalistas de Iguala

Madrid

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 varios ataques contra autobuses en los que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa por parte de las fuerzas de seguridad, arrojaron un saldo de 6 muertos, una treintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Esos son los hechos. A partir de ahí, la realidad discurre por dos caminos: el de la versión oficial de lo ocurrido, y el de quienes rechazan esas tesis y siguen buscando la verdad con pruebas concluyentes.

Después de casi cien detenciones, la mayoría de ellas de policías aunque también de miembros del cártel de Guerreros Unidos o de personas vinculadas a él, la fiscalía construyó el relato de lo que supuestamente había pasado tras los ataques. La Procuraduría General de México aseguró que los estudiantes desaparecidos fueron arrestados por la policía local de Iguala y, siguiendo las órdenes del alcalde de esa localidad, habían entregado a los jóvenes a los Guerreros Unidos. Éstos los habrían llevado al vertedero de la ciudad de Colula donde, después de ejecutarlos, los habrían amontonado en una fosa y les habrían prendido fuego. Tras mantener vivo el fuego durante unas 12 horas, habrían triturado los restos y los habrían lanzado al río San Juan en bolsas de basura.

Dudas sobre la versión oficial

Los familiares de los desaparecidos nunca han creído la explicación de la fiscalía. Recuerdan que algunos de los detenidos han ofrecido detalles que no coinciden con esa versión, y sospechan que algunas de las pruebas que se han dado por buenas podrían haber sido manipuladas. Un informe de expertos independientes, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido a reforzar estas dudas con un documento de 550 páginas presentado el pasado 6 de septiembre. En sus conclusiones se dice que la incineración de los cuerpos en el basurero de Colula no ocurrió tal y como fue descrita, añadiendo que no hay pruebas de que se produjera un fuego de esa magnitud.

Ese Grupo de Expertos llegó a decir que se han destruido pruebas, se han cometido errores en la investigación y no se ha hecho todo lo posible para localizar a los estudiantes.

Los dos desaparecidos identificados

La policía mexicana dijo haber recuperado una de las bolsas con las cenizas que supuestamente habían sido lanzadas al río San Juan. Dentro de ella se encontraron varias piezas óseas, tan dañadas por el fuego que tuvieron que ser enviadas al laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para ser analizadas en profundidad. Los científicos de ese centro de referencia mundial en la materia han confirmado que al menos dos de los restos se corresponden con dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Pero, al mismo tiempo, han advertido de que el ADN está tan deteriorado, que será prácticamente imposible obtener más identificaciones.

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En cualquier caso, los familiares de los desaparecidos siguen considerando que incluso esas identificaciones son un montaje para apuntalar la tesis oficial. Piden que peritos independientes se hagan cargo de la investigación y que las pesquisas cuenten con supervisión internacional. Esta semana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha recibido a las familias de los 43 estudiantes. Se ha comprometido a abrir la investigación y a seguir buscando, uno a uno, a todos los estudiantes y a los responsables de lo ocurrido. Una manera de reconocer, en cierto modo, que todavía queda mucho por investigar. Las posiciones del Gobierno y los familiares continúan siendo antagónicas debido, en gran medida, a la incertidumbre y a la desconfianza con la que se ha llegado al primer aniversario de la desaparición de los 43 de Iguala.