José Jorge: "Tengo discapacidad intelectual, entré en la cárcel sin diagnosticar y he sufrido acoso por parte de mis compañeros"

Madrid

José Jorge acaba de salir del Centro Penitenciario Las Palmas I y estas son las primeras Navidades que, tras pasar 4 años y medio privado de libertad, pasará con su familia. Fue condenado por un delito de robo con fuerza y hoy disfruta de su libertad más que nunca porque su paso por la cárcel no fue precisamente sencillo.

"Estuve en el módulo de menores y me robaban la ropa, me pegaban, me quitaban las cosas del economato, me extorsionaban con la droga" explica José Jorge. Estas experiencias las vivió por el hecho de tener discapacidad intelectual. Sus compañeros se aprovecharon de él y vulneraron sus derechos, lo cual provocó su aislamiento durante varios meses y un cambio asombroso en su estado de salud y apariencia física.

Actualmente, un 1% de la población reclusa tiene discapacidad intelectual y cerca de un 10% discapacidad psíquica. El perfil más frecuente es el de un hombre de 30 años que comete delitos contra la salud pública o robos con fuerza y, normalmente, suelen ingresar en segundo grado penitenciario. El artículo 14 de La Constitución contempla el tratamiento, la rehabilitación y la integración de las personas con discapacidad en las prisiones pero, según nos explica David García, responsable del Programa de Presos con Discapacidad de Gran Canaria, no es el mejor lugar para hacerlo. 

En estos casos el Código Penal considera tres vías para el cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad: los hospitales psiquiátricos penitenciarios, los centros para el tratamiento de la drogodependencia y el internamiento en un centro educativo especial. Pero la desigual proporción entre la oferta y la demanda de estos recursos provoca que gran parte de las personas con diversidad funcional no cumplan sus medidas de seguridad en centros concertados adaptados a sus necesidades o se puedan acoger a medidas alternativas. 

La labor que tienen las ONG como Plena Inclusión, organización en la que trabaja David y que el año pasado recibió la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, es realizar un acompañamiento de los reclusos con discapacidad dentro y fuera de prisión, fomentar su autonomía, trabajar con las familias y mejorar su calidad de vida. Para ello, una de sus prioridades es la formación de los funcionarios y de los compañeros de módulo. 

José Jorge tiene ahora 27 años y un futuro esperanzador. Considera que su paso por la cárcel le ha servido para saber esquivar los problemas y ha decidido comenzar a formarse en derecho. Tras 4 años y medio de experiencias y aprendizajes dentro de prisión, tiene clara la importancia que tienen los acompañamientos por parte de los servicios sociales y las instituciones penitenciarias tanto dentro como fuera de la cárcel y reivindica una mejora en la identificación precoz y el reconocimiento de las discapacidades. Porque, quién sabe... ¿es la cárcel el mejor lugar para rehabilitar, atender y defender los derechos de las personas con diversidad funcional?