Las fronteras sirias de la Unión Europea
Los principales países de la Unión han aplicado medidas de control en sus fronteras antes de coordinar medidas conjuntas entre los veintiocho
Madrid
Fuera de Europa, dice la mayoría. Es el reclamo fundamental de muchos países que, agrupados en ideas más o menos moderadas, consideran que los refugiados, en última instancia, suponen una carga. Se trata de un asunto que trasciende más allá de las fronteras exteriores de la Unión, esas a las que tanto gusta ahora mencionar –y proteger- a los máximos representantes del proyecto común. El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, manifestó a finales de marzo que “se trata de un reto global” y se deben buscar soluciones conjuntas para finalizar el éxodo de los refugiados. Unas semanas antes, incidió también en esta idea el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que exigía “el estudio de cada demandante de asilo” porque así lo exige la ley internacional e imponer restricciones al paso de los refugiados “va en contra” de lo que dictan estas directrices.
Si bien la Unión Europea trata de equilibrar las posturas hacia una senda común, hacia las tan reclamadas “soluciones comunes” de las que habla constantemente, por ejemplo, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, lo cierto es que en la práctica y, de momento, estas ideas se ha sustituido solo por soluciones nacionales: la mayoría de ellas son muy conservadoras y en algunos casos, auspiciadas por gobiernos socialdemócratas
Unión Europea. Desde la Unión siempre ha apostado por una solución muy polémica: concentrar a los refugiados en Turquía y que este país actúe como escudo para la entrada de miles de personas hacia el centro de Europa, especialmente hasta Alemania. Desde la Unión se financiaría la manutención y los gastos generados con 3.000 millones de euros, un acuerdo para facilitar la entrada de ciudadanos turcos hasta los países miembros y agilizar el ingreso del país presidido por Tayipp Erdogan en la Unión Europea. Además, se pretenden reforzar las fronteras exteriores – en donde sí ven con buenos ojos, por ejemplo, la instalación de vallas- y financiar un plan de ayuda al Gobierno griego para incrementar los esfuerzos por mantener a los casi 30.000 refugiados que allí se encuentran según el gobierno del país.
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Alemania. La canciller alemana, Ángela Merkel, sostuvo que su país podría recibir en torno a un millón de refugiados durante 2015 y, por lo tanto, abriría las puertas a que llegaran y se integraran entre la sociedad alemana. La idea no fue bien recibida, especialmente entre los miembros de su partido y, desde entonces, se ha convertido en la principal impulsora de la colaboración con el Gobierno turco. Esto a nivel estatal, pero en los Länder (Estados) de Baviera y Baden-Württemberg se aplican confiscaciones de dinero y objetos de valor, con el objetivo de que ellos mismos aporten al sufragio de su mantenimiento en el país.
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Francia. El desmantelamiento de los campamentos de Calais, el que se ha llegado a denominar “La Jungla”, ha levantado ampollas entre las organizaciones humanitarias y los propios refugiados. La teoría dice que serán reubicados, pero muchos temen que este proceso sea una medida de presión más para demostrar el poco interés por mantener una actitud solidaria. Su presidente, Manuel Valls, subrayó que Francia solo estaría dispuesta a acoger a aquellos a los que considere y se ajuste a sus propias cuotas y no las impuestas por la Unión. Además, mantiene en suspensión Schengen, que complica aún más el tránsito hacia el país.
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Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda. El gobierno sueco ha decidido expulsar a unas 60.000 personas en la mejor de las previsiones y hasta 80.000 de su país a través de vuelos chárter. Consideran que el Estado ya no puede soportar la llegada de más de ellos y la declaración de “país seguro” de Turquía facilita en gran medida, esos trámites. En Finlandia los refugiados que llegan hasta el país es donde sufren condiciones muy duras: están obligados a trabajar gratuitamente y a pasar un examen de cultura y sociedad que les permita adaptarse al contexto del país. En Dinamarca, su parlamento ha aprobado unas medidas que no permiten la reunificación familiar y requisará los objetos de valor y efectivo. En Holanda, también se ha planteado la expulsión masiva de refugiados –en este caso, sin límites- pero no para devolverlos a sus países de origen, sino a Turquía. Para que acepten este aspecto, plantean a la Unión que se ejecute el reparto de refugiados acordado hace meses.
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Austria. En la línea de los países del norte, Austria ha endurecido su política hacia los refugiados, tratando de disuadirlos para solicitar el asilo en su territorio: por un lado, ha limitado el número de solicitantes de asilo al año que podrán hacerlo y, por otro, expulsará en torno a 50.000 de ellos. A esto hay que sumar las declaraciones de su ministro de asuntos exteriores, Sebastian Kurz, previa a la cumbre de jefes de Estado en donde se concretan medidas coordinadas con Turquía: “la Unión Europea actúa como un ‘traficante de personas’ al enviar a los refugiados directamente al centro del continente europeo”.
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España. Desde el comienzo, el ejecutivo ha mostrado su interés por cumplir con las directrices europeas, aunque en la práctica, ha demostrado un alto nivel de pasividad al no presionar para cumplir, al menos, con los cupos acordados hace meses. En torno a 16.000 personas tenía que acoger España y de esos solo han llegado al país 18: un sirio y 17 eritreos procedentes de Italia. Ahora se aumentará esa cifra hasta alcanzar algo más de 450 personas, pero sigue siendo una cifra muy lejana de lo esperado. Además, las solicitudes de asilados en España se centralizan en Madrid, lo que supone que todavía hoy permanezcan expedientes abiertos de hace cinco años. El director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, ha confiado en que el próximo ejecutivo “trabajará duramente” para construir una solución europea.
LA PUERTA DEL ESTE
Hungría. El presidente húngaro, Viktor Orban, lideró en los primeros momentos de protesta del Este un movimiento contrario a las directrices de la Unión. El líder conservador considera que “la crisis de los refugiados es un problema alemán”.
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Bulgaria. El ejecutivo búlgaro ha decidido trasladar hasta su frontera al ejército como consecuencia de la presión migratoria que, dicen, se incrementa en sus fronteras. Desde el Gobierno han procedido a coordinar a la policía y al ejército a través de entrenamientos. En total, han sido 400 las unidades desplazadas hasta la zona.
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Macedonia, Serbia, Eslovenia y Croacia. Estos cuatro países han acordado limitar el tránsito de refugiados a 580 al día y siempre y cuando su objetivo sea continuar su camino hacia Austria o Alemania y nunca para solicitar el asilo en estos países. El bloqueo de la Ruta de los Balcanes incrementa la tensión especialmente en Idomeni, el punto fronterizo entre Grecia y Macedonia, donde ya se acumulan en torno a 10.000 personas. La policía macedonia ha respondido a estas protestas lanzando gases lacrimógenos que han afectado también a niños.
LOS RECEPTORES
Grecia. Según los datos de la Organización Mundial de las Migraciones, casi un millón de refugiados han pasado por el país tanto por tierra como por mar. Allí se encuentran ahora en torno a 30.000 según los datos facilitados por el Gobierno de Tsipras. El objetivo es continuar su camino hacia Alemania y Austria, pero el tapón impuesto por Macedonia en el puesto fronterizo – el primero de los países en la ruta de los Balcanes – concentra a casi 10.000 de ellos en Idomeni, a la espera de continuar ese camino. El Gobierno griego ha exigido a la Unión Europea un fondo de 450 millones de euros en materiales y personal para “sufragar los gastos adicionales” derivados de la manutención de todos ellos.
Italia. El temor del ejecutivo italiano es que finalmente deba acoger en su territorio a la mayor parte de los refugiados que se encuentran ya allí. Consideran que entre los planes de la Unión Europea no se encuentra exactamente el perfil de refugiado que admitirán el resto de los veintiocho. A pesar de ello, Italia es reticente a las medidas que se pudieran aplicar desde la Unión Europea porque el ejecutivo la responsabiliza de abandonar al país en las tareas de rescate en el Mediterráneo durante las primeras llegadas.