¿Asesores públicos secretos?
El Gobierno no facilita desde hace dos años la identidad de sus asesores designados a dedo. Los ciudadanos no podemos conocer ni quiénes son ni qué hacen ni cuánto nos cuestan.

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Madrid
El Gobierno no facilita desde hace dos años la identidad de sus asesores designados a dedo. Leemos en EL PAÍS que el secreto cubre la nómina de estos asesores tras publicar esos datos en 2012 y 2013. Desde entonces los ciudadanos no podemos conocer ni quiénes son ni qué hacen ni cuánto nos cuestan. Parece ser que la protesta de algunos designados al ver sus nombres en los medios de comunicación movió al Gobierno a velar la transparencia.
No entraremos a valorar esa respetable incomodidad, pero también es respetable el derecho a saber que tenemos los ciudadanos, que los pagamos con nuestros impuestos. Sólo sabiendo podremos valorar si sus asesorías son necesarias, si los elegidos son adecuados y si sus consejos valen lo que nos cuestan. Se entendería una cierta protección por razones de seguridad en algún ámbito concreto. Pero en el resto de los casos si el potencial asesor quiere preservar el anonimato lo mejor que puede hacer es declinar la invitación. No faltarán candidatos a la suplencia.




