El capítulo de los secuestros es el más doloroso en la historia del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se cuentan por cientos, miles las personas que permanecieron encadenadas y privadas de su libertad, en algunos casos durante más de 12 años. Son el reflejo de la guerra que durante cinco décadas padecimos en Colombia y que terminó de facto el pasado domingo, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC decretaron por primera vez en su historia el cese bilateral y definitivo del fuego. La guerrilla renunció al secuestro extorsivo o político un año antes de sentarse a negociar con el gobierno colombiano. Durante los diálogos de paz se presentaron tres incidentes de retenciones a uniformados de la fuerza pública que fueron solucionados en cuestión de días, lo que demostró la voluntad de la guerrilla de no acudir más a esta práctica. Incluso en varias ruedas de prensa, durante los cuatro años que duró la negociación, aseguraron que no había personas privadas de su libertad en su poder. Sin embargo, País Libre —la fundación que se encarga de la situación de los secuestrados en Colombia— asegura que hay entre 200 y 220 personas que fueron secuestradas por las FARC y de las que se desconoce su paradero. Muchas de ellas llevan más de 20 años desaparecidas. En este caso, están registradas en las listas de desaparecidos pero también de secuestrados. Desde hace dos años no se registran oficialmente secuestros por las FARC en la fiscalía o en la fundación País Libre. La polémica está viva, porque se pretende hacer una reforma para que el secuestro sea considerado un delito político, y por ende resulte amnistiable en los procesos de justicia transicional para los hombres de la guerrilla.