Un desacuerdo transversal

Madrid

 Si existe un tema transversal en la política española es la gestación subrogada. Conocida por su acepción más despectiva: "madre o vientre de alquiler", esta práctica reproductiva provoca divisiones en el seno mismo de las formaciones políticas. Hasta el punto que sitúa en la misma oposición a feministas, a la Iglesia católica y al `ala dura´ del PP. Luisa Fernanda Rudí, coordinadora del Congreso de la Caja Mágica, denunciaba esta semana la pretensión de alquilar el cuerpo femenino, mientras Núñez Feijóo defiende su regulación para dar una salida a las parejas que no pueden tener hijos biológicos. Se calcula que 1.000 niños fruto de esta práctica son inscritos anualmente en España.

Para Beatriz Becerra, eurodiputada adscrita al grupo liberal y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, los partidos españoles llegan tarde a una práctica que ya existe y necesita ser regulada.

Tan sólo Ciudadanos ha llevado este espinoso asunto en su programa e incluso presentó una propuesta en la Asamblea de Madrid el año pasado que no salió adelante por el rechazo de PSOE y Podemos. En ambas formaciones, existe rechazo en sus sectores feministas sobre el riesgo de una mercantilización del cuerpo femenino similar a la prostitución. Una postura que Becerra califica de hipócrita.

Con dudas, Íñigo Errejón se decantaba esta semana en la SER por una regulación con garantías.

La propuesta de Ciudadanos mira al modelo canadiense, que es muy garantista. No está permitido pagar a la mujer gestante, sino que debe ser un gesto altruista. Sólo se le deben cubrir los gastos derivados del embarazo y del proceso de reproducción asistida.

Todos los modelos de familia, independientemente de su condición sexual y de que tengan o no pareja, pueden beneficiarse de esta técnica de reproducción.

Canadá es el único país, junto a Estados Unidos, en el que se facilita la filiación directa y la inscripción en el registro civil del bebé. Se obtiene una sentencia judicial que reconoce a los padres intencionales como los padres legales del menor. Y en el momento del nacimiento, ya están todos los papeles organizados para poder regresar al país de origen inmediatamente con acceso a la doble nacionalidad para el bebé.

En Europa, la norma es la disparidad de legislaciones. Desde la prohibición penal de Francia a la autorización con restricciones. La ley griega permite que accedan al tratamiento tanto parejas heterosexuales como mujeres solteras, pero no parejas del mismo sexo. Una ley que desde 2014 se ha ampliado a los ciudadanos extranjeros.

Incluso está permitida la compensación económica para la mujer gestante. Aunque existen algunas restricciones como que la madre receptora tenga menos de 50 años y presente un certificado médico que demuestre su incapacidad de gestar; Al menos uno de los dos futuros padres o la gestante debe ser griego, y se necesita la autorización de un tribunal griego para iniciar el proceso.

Portugal es otro de los países europeos en los que se permite la gestación subrogada, pero sólo para mujeres que no tengan útero. Se exige, eso sí, que la práctica se realice de manera altruista, sin pagar a la mujer gestante.

Beatriz Becerra aboga, precisamente, porque ese altruismo, similar al que aplicamos a la donación de órganos, suponga la base legislativa en la Unión Europea que contemple el altruismo, además de que contemple la protección jurídica de los niños y establezca garantías que eviten derivas comerciales y de explotación.