¿Cuáles son las instituciones más transparentes de España?
El Constitucional, el CGPJ y el Banco de España lideran el primer ranking oficial de transparencia elaborado en nuestro país
La difusión de datos sobre sueldos, indemnizaciones, incompatibilidades o personal de confianza, asignaturas pendientes
El Consejo de Transparencia publicará esta semana una recomendación para que los miembros del Gobierno y altos cargos difundan sus agendas
Sede del Banco de España en la plaza de Cibles de Madrid. / EFE
Madrid
¿A qué información puede acceder un ciudadano a través de las webs y portales de transparencia de las instituciones? Es la pregunta que se ha hecho el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y cuyas respuestas constituyen el primer ranking oficial elaborado por este organismo sobre la cantidad y calidad de la información que suministran quince de los principales organismos e instituciones públicos de España, desde la Casa del Rey al Congreso o al Senado, pasando por el Tribunal Constitucional, la CNMV, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Seguridad Nuclear.
El examen, que en esta primera edición no ha incluido ni al Gobierno ni a los partidos políticos, revela que, en su conjunto, las instituciones analizadas superan el notable alto (8,5 de nota media) en la llamada 'transparencia obligatoria', el cumplimiento de 60 exigencias incluidas en la ley pero aún tienen como asignatura pendiente la 'transparencia voluntaria', medidas recomendadas por los organismos internacionales y muy demandadas por los ciudadanos que en su inmensa mayoría siguen sin atender adecuadamente.
"Dentro de ese margen para la mejora las mayores resistencias las encontramos en los datos relativos a recursos humanos, la publicación de sueldos, indemnizaciones, la relación del personal de confianza o la difusión de las agendas públicas, creemos que la rendición de cuentas debe alcanzar no sólo al dinero público sino también al tiempo público", explica la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, cuyo departamento publicará en los próximos días una recomendación para la difusión de las agendas públicas de los miembros del Gobierno, ministros, secretarios de estado y altos cargos, fijando los criterios de qué debe ser una agenda para la transparencia, consensuada con lo establecido en la ley de Protección de Datos.
En cuanto a la transparencia obligatoria, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Banco de España, la Casa del Rey, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Defensor del Pueblo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Seguridad Nuclear son, por este orden, las instituciones que obtienen mejores puntuaciones, superando todas ellas una nota de 9 sobre 10. Con un notable, aunque en los puestos diez y doce de la lista se sitúan el Senado y el Congreso y cierran la lista con un aprobado raspado la Fiscalía General del Estado y el Consejo Económico y Social.
Los resultados son mucho más discretos, apenas un aprobado raspado (5.30 de nota media), si hablamos de la información que con carácter voluntario, sin estricta obligación legal, suministran las informaciones para el conocimiento de los ciudadanos. Se trata de un apartado que incluye asuntos de máximo interés, como la difusión de los sueldos, retribuciones o indemnizaciones de los cargos públicos, las agendas (con quien, dónde y para qué se reúnen los representantes de las instituciones), quienes ocupan los puestos de personal de confianza, los obsequios recibidos, el uso de vehículos o de viajes oficiales, o el patrimonio y los derechos de ocupación y uso por parte de las instituciones.
Es en estos aspectos donde sólo el Consejo General del Poder Judicial alcanza el sobresaliente (9,29) seguido por el Defensor del Pueblo con una nota de 8,41. A partir de ahí, Senado y Congreso se quedan con un bien (6,74 y 6,17) y seis instituciones suspenden: la Fiscalía General del Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad Nuclear (con una nota de 3,75), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Consejo de Estado (3.33) y cierra la lista como farolillo rojo la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una nota de 2,42.
La institución mejor parada en este análisis, el Consejo General del Poder Judicial, ha incluido entre las últimas novedades en materia de transparencia una iniciativa pionera para el acceso público de los ciudadanos a los procesos judiciales instruidos en materia de corrupción. La herramienta suministra información, actualizada trimestralmente, sobre los casos de corrupción que llegan a juicio, así como de las condenas dictadas, pudiendo realizar la consulta sobre todo el territorio nacional o sobre el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia.
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, se muestra satisfecha con el resultado global de este primer balance que interpreta no como una herramienta de fiscalización sino de estímulo para la mejora. Entre las recomendaciones emitidas por el Consejo figuran el uso de un diseño claro e intuitivo en las páginas web, la inclusión en sitio destacado y visible del acceso a los portales de transparencia, incluir los objetivos, finalidad y beneficiados en la información relativa a ayudas y subvenciones concedidas, o incorporar siempre la antigüedad en el cómputo de las retribuciones de los altos cargos. También reclama la publicación del nombre y apellidos del beneficiario y la actividad que se autoriza en el caso de información relativa a compatibilidades.
El Consejo también incluye en sus recomendaciones la inclusión en las webs de un acceso directo a la solicitud de información pública y un formulario adecuado a la misma.
