El control de las horas extra, a debate

Madrid

La justicia europea va a tener la última palabra sobre el control efectivo del horario laboral de los españoles. La Audiencia Nacional constata que no existe un mecanismo útil que mida cuántas horas extra se hacen al día en el trabajo en España, o cuántas horas se trabajan directamente sin que sean extraordinarias, porque estas horas por definición se pagan y muchas de las horas de más que se hacen en España el trabajador no las cobra.

En Hoy por Hoy hemos confrontado la opinión de los representantes de los empresarios y los de los trabajadores. Por un lado, Jordi García Viña, director de laboral de la patronal CEOE, ha defendido que los datos de la EPA –que hablan de 300 millones de horas extra sin remunerar el año pasado- provienen de una encuesta, y que “jurídicamente sólo está demostrado aquello que es una verdad judicial”. En ese sentido, ha asegurado que “en la CEOE estamos absolutamente en contra de cualquier ilegalidad pero ese fraude debe estar demostrado”. El representante de la patronal, en cualquier caso, es contrario al establecimiento, por ley, de un mecanismo de registro de las horas que trabajan los empleados en España. “Establecerlo por ley no sólo no es razonable sino que va en contra de la flexibilidad y la conciliación. Si hubiera ese cambio lo aceptaríamos, pero va en contra del futuro del mercado de trabajo. Es totalmente obsoleto”, ha defendido.

Frente a su opinión, la de Roberto Tornamira, secretario federal del sector financiero, oficinas y seguros de UGT, para el que “en caso todos los centros de trabajo hay tornos en los que se controla y queda registrado cuándo se entra y cuándo se sale”. El portavoz de UGT ha señalado que “la legislación tiene un agujero por el que se cuelan millones de horas productivas que no se pagan, como reuniones o formación”. Para Tornamira, “hay un abuso permanente, una sobreexplotación de los trabajadores” que, además, insiste, “podría resolver el problema de las pensiones: hay un fraude generalizado a la seguridad social, a los trabajadores y a la hacienda pública”. Por eso, ha defendido, “o se cambia la legislación o los tribunales imponen un registro diario de la jornada efectiva del trabajador”.