Viernes, 17 de Septiembre de 2021

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La mirada de Soledad Gallego-Díaz

Mucha confusión y poco aprecio

El problema con la legislación española es que es ambigua y no reserva las condenas de cárcel para esos casos de incitación directa a la violencia, sino que se puede aplicar a meras declaraciones individuales, sin ningún tipo de propósito evidente

España no es el único país europeo que tiene legislación relacionada con el enaltecimiento del terrorismo pero sí posiblemente uno de los poquísimos en los que esa figura acarrea penas de cárcel y no se reserva la prisión para la clara incitación a cometer un acto de violencia terrorista y no para genéricas alabanzas de esos actos, por muy brutales que resulten. La nueva ley antiterrorista aprobada en 2005 en Gran Bretaña, por ejemplo, incluye un delito de “glorificación del terrorismo”, pero lo relaciona inmediatamente con personas que elogian el terrorismo “de manera que alienten a otros a cometerlo”. El problema con la legislación española es que es ambigua y no reserva las condenas de cárcel para esos casos de incitación directa a la violencia, a través de grupos, por ejemplo, sino que se puede aplicar a meras declaraciones individuales, sin ningún tipo de propósito activo evidente. Así que lo más urgente es modificar la ley española de manera que casos como los del rapero Valtonyc y sus horribles letras puedan ser objeto, en el peor de los casos, de sanciones económicas y de demandas civiles por parte de quienes se sientan insultados o amenazados, y no con años de cárcel. En cualquier caso, lo que no debería ser objeto de ningún tipo de protección especial es la figura del jefe del Estado. Las cárceles hubieran estado llenas a lo largo de la historia y de la geografía mundial si insultar al jefe del estado fuera un delito merecedor de prisión.

Lo lamentable de este asunto es que todo el mundo parece reaccionar, salvo el Parlamento, donde precisamente están los instrumentos para poner freno a tanto empeño por llenar las cárceles de cantantes más o menos insoportables, de secuestrar cautelarmente libros de investigación de autores contrastados o de retirar cuadros de exposiciones. No hace falta ser un gran liberal para darse cuenta de que en la legislación española existe una enorme confusión y muy poco aprecio por la libertad de expresión.

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