La pobreza energética escondida

Más de 19 millones de personas en España sufren pobreza energética. Es el elevado dato que aporta el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) como resultado de la aplicación de una nueva metodología que se fija en factores que anteriormente no se tenían en cuenta, como el hecho de que alguien tenga dificultad para calentar su hogar en invierno, que tenga retrasos en el pago del recibo o que tenga un gasto excesivo para su nivel de ingresos.

Así, observan diferentes grados de afectación de la pobreza energética en la sociedad. El director de la Asociación, que forma parte del Observatorio Europeo de la pobreza energética, José Luis López, asegura que se han encontrado con casos de gente “muy vulnerable, por ejemplo aquella que está dedicando un alto porcentaje de sus ingresos para poder asumir las facturas de la energía, y que además es una familia que aparece en las estadísticas como que está gastando por debajo de la media”, se trata de personas cuyos ingresos son muy bajos y encima sufren un disconfort que “deriva en que les quita oportunidades de desarrollo en la sociedad”.

El informe revela que en 2016, “los gastos en energía doméstica para un 17% de la población residente en España (8 millones de personas) eran desproporcionadamente altos en relación a sus ingresos y con respecto a la mediana estatal (es decir, el porcentaje de ingresos dedicado a pagar las facturas de la energía superaba el doble de la mediana estatal para 2006-2016). Además, un 12% de las personas residentes en España (5,4 millones) tenía gastos energéticos inusualmente bajos (su gasto por persona equivalente estaba por debajo del 50% de la mediana anual), lo que se ha denominado como pobreza energética escondida”, es decir, esas personas que “están viviendo prácticamente como si no tuvieran luz” para no gastar, pero que antes no aparecían en los indicadores porque su gasto era mínimo.

Esta nueva interpretación que contabiliza de forma conjunta de cada indicador de pobreza energética da como resultado la existencia de 19,1 millones de personas afectadas de alguna manera por la pobreza energética, lo que supone el el 30 o 40% de la población residente en España. Este informe revela además la mayor incidencia de la pobreza energética en los hogares monomarentales y de las personas mayores, y que se dan “patrones de vulnerabilidad relacionados con el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de contrato, el estado civil o el país de origen, la presencia de personas con mala salud y enfermos crónicos o la percepción de ayudas sociales”.

España continúa siendo uno de los Estados miembros con los precios de la electricidad y gas natural para consumidores domésticos más elevados de la UE, tanto antes como después de impuestos. Está también entre los países donde más aumentaron los precios en el periodo 2008 a 2016. La Unión Europea lleva desde 2009 insistiendo en que se establezca un sistema para valorar qué hogares están afectados por la pobreza energética. Por todo ello, la ACA plantea que se deben implementar nuevas metodologías para la medición de la pobreza energética que se basen en múltiples indicadores. A lo que suman una iniciativa más a largo plazo de edificación para la adaptación al cambio climático y prevenir la vulnerabilidad energética de los hogares, y una reconfiguración de la legislación estatal que proteja los derechos energéticos de los ciudadanos y reduzca la desigualdad. Y mejorar la información y transparencia, porque la “dinámica de precios es muy compleja y adversa” y hay un gran desconocimiento entre la ciudadanía de cómo se establecen los precios de la factura de la luz.

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José Luis López defiende la energía como un derecho básico reconocido en los objetivos de desarrollo sostenible. “Está tratada como si fuera cualquier otro bien y es lo que nos está permitiendo hacer algo tan básico como poder ducharnos con agua caliente, cocinar nuestros alimentos o no estar en una casa pasando excesivo frío o calor que ponga en riesgo nuestra salud”, de hecho, insiste, muchas veces entra en conflicto con otras necesidades básicas como la alimentación. “Tenemos que garantizar que independientemente del nivel de ingresos que tenga una familia, pueda tener derecho al menos a unos mínimos de condiciones adecuadas para la vida”.

Sin embargo, muchas veces es complicado atender a las necesidades de personas que sufren pobreza energética porque no se conoce su situación. Es el caso de un matrimonio de Oviedo que pasaron dos noches en un parque tras haber sido desahuciados. La consejera del gobierno asturiano asegura que nadie les pidió ayuda porque hay mucha gente que siente vergüenza de reconocer que sufre esta situación.

El director de la ACA asegura que las cifras que se manejan desde las instituciones y organizaciones que ayudan a las personas en situación de pobreza energética siempre están por debajo de lo real, porque existe una parte de población que bien “porque no se ha visto nunca antes en esta situación o por el estigma asociado a acudir a unos servicios sociales o una ONG, no figura en ningún lado”, y este tipo de personas son quienes más sufren el estrés asociado a no poder hacer frente a los pagos. López asegura que esto tiene un efecto muy grande sobre la salud mental, que además es una cuestión que a menudo “se pone en duda”. La pobreza energética puede incluso llegar a matar. Basándose en referencias de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la ACA estima que podría haber alrededor de 2.000 o 2.400 muertes prematuras al año en España por esta cuestión.