14 años de las Unidades de Valoración Integral: no generalizadas, sobrecargadas y sin homogeneidad

Madrid

En 2015, fecha de la última actualización de datos publicada por el Ministerio de Igualdad, un total de 56 localidades españolas, de todas las Comunidades, aunque no en todas las provincias, disponían de unidades de valoración forense integral. 82 psicólogos y 77 trabajadores sociales a parte de los médicos forenses asignados para atender miles de posibles casos. La filosofía de estas unidades, impulsadas por especialistas, como el que fuera Delegado del Gobierno para la Violencia de Genero Miguel Lorente, era asistir a los órganos judiciales a la hora de tomar decisiones: “Que en cada uno de los casos se valore a la víctima, a los niños y niñas como víctimas de esa violencia, y se valore también al agresor para conocer toda la dimensión”. Y hacerlo no solo centrándose en el caso puntual sino en toda la historia de violencia. Una valoración integral, que 14 años después: “Es algo que no se hecho, no se hace en la mayoría de los casos” asegura Lorente.

Según alerta la Fiscalía en su memoria 2017, sigue siendo necesaria la total implantación de estas unidades, sin que sean suplidas por equipos psicosociales que además, explica, están sobrecargados. Pocos recursos que se traducen en largos periodos de espera. Lo confesaba esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, tras reconocer el fallo de la justicia en el último caso de asesinato machista: “No pudo contar con el auxilio de la Unidad de Valoración Integral, y no pudo contar con ello porque en Bilbao esta Unidad concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo que arrastra”. Informes, que, como explica Lucia Avilés portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas, son cruciales para tomar una decisión. “Que podamos decidir con fundamentos de manera razonada y con ciertas dosis de certeza que puede llegar a suceder si esa situación no se corta”. En 2015, en las comunidades del ámbito del ministerio de justicia Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia Ceuta y Melilla llevaron a cabo unas 10.200 actuaciones de las cuales 421 obtuvieron valoración de riesgo. Tampoco arroja grandes cifras, explica la Fiscalía el protocolo firmado en 2011 para generalizar informes periciales de riesgo urgente. En 2016 se hicieron 284 informes en esas mismas comunidades. El 0,1% sobre el número de denuncias.

Las competencias de Justicia están transferidas en el resto de Comunidades y son estas las que gestionan las Unidades y deben proporcionar los datos. La juez Avilés cree que no hay homogeneidad. “No hay tampoco datos que nos den cifras ciertas sobre la estructura organizativa ni tampoco datos estadísticos sobre la realización de informes” y apunta que falta educación y formación en algunos magistrados que llevan casos de violencia de genero. Jueces, asegura Miguel Lorente, que en ocasiones frenan el trabajo de los forenses. “Si tu criterio que necesito ver a los menores para tener una buena valoración, no depende de mí, sino que yo tengo que proponerlo, pedirlo al juzgado y luego el juez o la juez dirán si procede o no procede. Y generalmente no suelen aceptar ese tipo de peticiones”

Lorente, que trabajó en estas Unidades y en la actualidad ejerce la docencia en la Universidad de Granada señala como uno de los grandes problemas que dichas unidades tampoco tienen su propia estructura dentro de los Institutos de Medicina Legal ni hay criterio para seleccionar a los profesionales. Unidades no generalizadas, sobrecargadas y al servicio de jueces que, en ocasiones, no facilitan la función de los especialistas. Unidades que, según cree, Antonia Ávalos, presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Genero, “pueden marcar la situación de una mujer víctima de violencia de genero entra la vida y la muerte”. Porque las mujeres, recuerda Ávalos, necesitan de alguien que valide lo que están denunciando.