Parar la guerra en Yemen

Este lunes de octubre comienza con un par de pruebas de resistencia sobre los valores que proclaman los estados y lo que luego hacen, lo que se llama la real-politik, la política real.

Después de sucesivas versiones de Arabia Saudí sobre la desaparición del periodista Kassogui a cual más estrambótica y con el periodista o su cadáver sin aparecer, Angela Merkel ha suspendido la venta de armas al poderoso reino exportador de petróleo. Alemania firmó con Reino Unido y Francia ayer un duro comunicado exigiendo claridad y explicaciones a los saudíes aunque ni Francia ni Reino Unido han llegado tan lejos como Merkel. Tampoco España, que ni siquiera aparece en ese comunicado de las tres potencias europeas y se remite al general de la ONU condenando la desaparición del periodista. Ya estamos habituados al cinismo de las relaciones internacionales, al maniqueísmo de que las acciones monstruosas de represión se evalúen según los intereses de cada cual o la proximidad ideológica. Veremos en las próximas semanas si la creciente presión internacional sobre Arabia Saudí se queda, como siempre, en presión o tiene consecuencias más graves. ¿Qué consecuencias debería tener? Se lo hemos preguntado a Javier Solana, ex responsable de la diplomacia europea y de la OTAN. Exigirle a Arabia parar la guerra en Yemen.

De momento Pedro Sánchez tenía ya programada una intervención en el Congreso para este miércoles sobre la venta de armas a Arabia Saudí que cobra una nueva dimensión.

Salvando las distancias, aquí en España a las 10 de la mañana el que tiene una prueba de resistencia de credibilidad es el Tribunal SUpremo. Su presidente Lesmes reúne a los seis magistrados de la sentencia del impuesto de las hipotecas y al presidente de la Sala que metió el viernes esa sentencia en el congelador y decidió llevarla a pleno, segun dijo, por sus implicaciones económicas y sociales. Pero la SER les viene contando que ese mismo presidente de Sala, Díez Picazo, alarmado ahora por la repercusión de la sentencia, firmó el auto de admisión a trámite de este asunto en el mes de enero, y el auto decía que la sentencia tenía que servir para aclarar la jurisprudencia. ¿Qué ha pasado para que ahora le alarme el resultado de la sentencia que dice que son los bancos los que deben pagar el impuesto? La respuesta a esta pregunta es la prueba de resistencia de credibilidad que el Supremo debe dar cuanto antes.