¿Es posible la rehabilitación de los presos más peligrosos?

El artículo 25 de la Constitución subraya que las penas de cárcel y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social. Pero nadie puede obligar a un preso a rehabilitarse. La prueba es que los cursos en prisión son voluntarios. Una vez cumplida la condena, ¿qué hacemos cuando un delincuente peligroso sale a la calle? ¿Qué garantías tenemos? ¿Son suficientes? ¿Se puede mejorar? Este es el debate que está en todas partes y que queremos tratar en Hoy por Hoy junto a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor y a Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

¿Es posible garantizar la rehabilitación?

“Hay incentivos para esos cursos, pero la reinserción no es obligatoria”, apunta González Vega. “Tiene que partir del propio penado. Los pronósticos que se hacen por parte de los equipos psicosociales lo tienen en cuenta”, añade. Para este jurista hay que asumir que "vivir en sociedad supone exponerse a riesgos"

Blanca Estrella, por su parte, reconoce la importancia de que los cursos sean obligatorios. “Defendemos la libertad del delincuente por encima de la libertad de los demás a estar seguros. Coaccionan nuestra libertad, cuando damos la libertad a un delincuente a no reinsertarse”, ha explicado.

Libertad vigilada

El Gobierno ha anunciado que revisará la aplicación de la libertad vigilada para ampliarla a exreclusos peligrosos como el asesino de Laura Luelmo, pero no han entrado en detalles. Esa idea del Ejecutivo nos lleva a plantearnos cómo se puede proteger a la sociedad de los delincuentes no rehabilitados. “Me parece que es una declaración política sin más”, asegura González. “No hay sistemas penales perfectos, siempre hay un riesgo de que el sujeto reincida. Son los riesgos de vivir en sociedad. De tanto en tanto ocurre. Y en España, no ocurre con frecuencia. Creo que se trata más bien de una alarma mediática. De hecho, en España tenemos una de las menores tasas de homicidios. Hay programas de control y seguimiento. Podría incluso haber medidas de libertad vigilada. Pulseras electrónicas, por ejemplo. El juez no puede dar la libertad vigilada de oficio”.

Estrella, sin embargo, lo ve diferente. “En su día, con la anulación de la Doctrina Parot ya se puso en la calle a "bombas de violar y de matar". Yo creo que las pulseras podrían servir de algo. La libertad vigilada sirve. Yo copiaría lo que instauró Sarkozy. Creó un centro de rehabilitación y reinserción en Marsella para delincuentes de alta peligrosidad, donde cumplida la condena, hacían una vida normal, pero vigilados. Viven en un centro, pueden trabajar, pero tienen un sistema de control y seguimiento. Comer, dormir y cenar lo hacen en el centro y todos los días por obligación tienen que seguir una rehabilitación. En España, la libertad vigilada la puede imponer el juez solo si la pide una de las partes. La Fiscalía, entre ellas. Y hay que pedirla siempre ante un delincuente violento y peligroso. Se pueden pedir entre 5 y 15 años de libertad vigilada”.

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Registro público

Otra de las cuestiones que se plantean en este debate es si debería haber un registro público. ¿Tenemos que saber si la persona que vive a nuestro lado ha cometido un delito grave? El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia considera que es una medida peregrina que impide la resocialización. “Yo creo que es una propuesta más bien demagógica. Puede estigmatizarle. ¿Cómo va a recibir una comunidad de vecinos a un hombre que ha cometido una violación? ¿Cómo sería aceptado por la comunidad de propietarios?”. Otro punto diferente muestra la presidenta de la Asociación Clara Campoamor. “¿Le estigmatiza? Yo no tengo la culpa de que sea un violador o un pederasta”, ha señalado. “En Estados Unidos funciona. Los vecinos, las personas tienen derecho a esa información. Tengo mis dudas sobre si debe ser un registro público. Creo que deberíamos tener acceso sobre lo que te incumbe a ti. No tener acceso al listado entero. Tengo derecho a saber si mis hijas, mis nietas o nosotras mismas estamos en peligro. Eso sí”.

Prisión permanente revisable

El Gobierno no ha tocado la prisión permanente revisable, que está en vigor, porque prefiere esperar a que se pronuncie el Constitucional. El asesinato de Laura demuestra que no ha servido esta pena máxima para disuadir a quien la mató. Pero quienes defienden la prisión permanente revisable no sólo lo hacen por el 'carácter disuasorio', sino por la convicción de que no pisará la calle quien siga siendo un peligro para la sociedad. “Yo soy partidaria de que un juez sea responsable. Si el día de mañana, cuando se revise la libertad de las personas condenadas por delitos graves, el juez dictamina y firma la reinserción y esa persona vuelve a delinquir el juez debería ser responsable”, ha defendido Estrella. “Un preso con la prisión permanente revisable saldrá, tarde o temprano. También existe la cadena perpetua o la pena de muerte, pero ¿Eso disuade? No. La prisión permanente revisable en España raya en lo inhumano. Las penas tienen que ir orientadas al castigo, pero también la resocialización”, ha argumentado González. “La cuestión está en que las penas no pueden tener una duración excesiva y nuestro sistema de penas ya es uno de los más duros de Europa por la duración de la pena. Y en ningún caso el responsable puede ser el juez de si una persona reincide, como algunos pretenden. Son los equipos psicosociales los que evalúan”.