Lazos amarillos

Entre el ruido y la furia, conviene tener algunas cosas claras. En España, defender el derecho a la autodeterminación no es un delito. No es delito trabajar por la independencia, reclamarla o convocar manifestaciones a su favor. Proclamar la independencia de un territorio sí lo es. Lo advirtieron muchas veces los letrados del Parlament. Un juicio es la consecuencia natural de la comisión de un delito. No es un fracaso del sistema, ni de la política, ni de la democracia. Podríamos habernos ahorrado muchas cosas, desde la suspensión de la legalidad que asumió Forcadell, hasta la prisión preventiva de los líderes que tuvieron la gallardía de quedarse en lugar de salir huyendo, pero habría sido imposible que este juicio no se celebrara.

Por eso yo creía que, en el último momento, los independentistas aprobarían los presupuestos. Que lo harían pensando en el bienestar de sus presos, el origen de esos lazos amarillos que todos llevan en la solapa. Porque el adelanto electoral que han provocado supone un riesgo enorme para ellos. Si dentro de unos meses gobierna un tripartito de derechas, y no hace falta que yo diga que es lo último que deseo, no podrán esperar ninguna medida de gracia. Los sacarán de las cárceles catalanas, los mandarán a Canarias, cumplirán íntegramente su condena. Mientras tanto, Puigdemont seguirá viviendo en un palacete de Bruselas, viajando por el mundo, presentándose como una víctima. Y los diputados de ERC y PDeCat lucirán su lacito amarillo en el Congreso mientras hablan de libertad y derechos humanos. Tan ricamente.