La única película española censurada en la Democracia

Madrid

Las agendas de estrenos de finales de 1979 tenían apuntado en letras grandes la llegada a la cartelera de la segunda película de Pilar Miró, una directora que tenía todos los visos de convertirse en una de las cineastas de referencia en aquellos años de cambio político. Pero el 13 de diciembre, con una tipografía propia de esquela mortuoria, la prensa de Madrid publicó un anuncio: “Queda suspendido el estreno de “El crimen de Cuenca” que debía tener lugar hoy en los cines Proyecciones, Albéniz y Carlton, por haber retenido las autoridades administrativas la necesaria licencia de exhibición.” Aquella escueta nota escondía detrás un caso de censura e intereses militares que pronto se convirtió en un escándalo político en toda regla; un caso que llenó editoriales de periódicos y debates parlamentarios y que a Pilar Miró pudo costarle la cárcel.

“El crimen de Cuenca” contaba una historia real. En 1910, en el pequeño pueblo de Osa de la Vega, desapareció un pastor y dos personas fueron acusadas de su asesinato. Los sospechosos fueron sometidos a terribles torturas por la Guardia Civil y acabaron admitiendo el homicidio, Fueron juzgados y finalmente condenados a 18 años de cárcel. Décadas después, cuando ya todo parecía olvidado, apareció por el pueblo “el Cepa”, el pastor supuestamente asesinado, y se tuvo que reabrir el caso y aclarar lo sucedido.

El proyecto de hacer una película sobre ese tremendo error judicial había llegado a la mesa del productor Alfredo Matas, que pidió a Pilar Miró que lo dirigiera. Los problemas empezaron nada más terminar el rodaje. A finales de 1979 la Dirección General de Cinematografía no otorgó a la productora la habitual licencia de exhibición porque, según se decía en un informe, la película incluía escenas que podían ser consideradas delito, en concreto el planteamiento y duración de las escenas de tortura y la crudeza de las mismas. Pocos meses después, en febrero de 1980, un juzgado militar ordenó “secuestrar” la película y procesó a su directora, Pilar Miró, por presuntas injurias a la Guardia Civil. El caso se fue complicando y la realizadora, en libertad condicional, tenía que presentarse en el juzgado los días uno y quince de cada mes mientras esperaba el Consejo de Guerra y una petición de pena de seis años de cárcel. Finalmente, después de casi dos años de controversia en los tribunales, el caso fue sobreseído y el largometraje pudo estrenarse en agosto de 1981, siendo un éxito de público. En el reportaje que emitimos en “Sucedió una noche” os contamos con detalle todo el caso.