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Martes, 17 de Septiembre de 2019

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La brecha autonómica de las rentas mínimas

La diferencia entre las comunidades que garantizan las rentas mínimas más altas y las más bajas supera los 300 euros

Vivir con lo justo. Con lo mínimo. Una realidad que afrontan millones de personas en España. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco españoles está cerca, muy cerca de la pobreza. Y muchos de ellos sólo cuentan con las rentas mínimas autonómicas, que son las prestaciones que dan las comunidades autónomas a las personas sin ningún tipo de ingreso o en riesgo de exclusión social.

Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, publica en un informe que los beneficiarios de estas ayudas públicas se han triplicado desde 2007. Hoy, las reciben más de 300.000 personas directamente y, si sumamos a sus familiares, la cifra de ciudadanos que dependen de estos ingresos asciende a casi 800.000. 

Pero que nadie se equivoque. No es lo mismo ser pobre en Euskadi que serlo en Andalucía. Los datos de Funcas, que se basan en los de 2017 (los últimos disponibles), revelan la brecha autonómica que existe en torno a estas prestaciones. Todas las comunidades garantizan una renta mínima, pero es un sistema totalmente fragmentado: las cuantías de las rentas son diferentes, como lo son los requisitos para poder acceder a ellas, la duración máxima de la percepción o la compatibilidad con otro tipo de ayudas.

Así, la diferencia entre Euskadi y Navarra, las comunidades con las rentas mínimas más altas, con Madrid, Galicia o Andalucía es de 300 euros.

Y llaman la atención algunas particularidades. Por ejemplo, Navarra, con una de las tasas de personas en riesgo de pobreza más bajas, cuenta con una de las rentas mínimas más cuantiosas, mientras que en Extremadura, donde el 38% de la población tiene rentas por debajo del umbral de pobreza, tanto la cuantía como la duración de la prestación son de las menores.

Gorka es de Barakaldo, tiene 42 años y lleva dos, desde que perdió su empleo, cobrando la renta de garantía de ingresos. Teme que, como comparte un piso de alquiler, deje de recibirla por el cambio de normativa del gobierno vasco, ya que sólo se va a permitir una renta por vivienda. Ve el futuro con incertidumbre. "Ya ni siquiera hablamos de pensiones ni jubilaciones, o se nos lleva una mala gripe cuando estemos mayores o lo vamos a pasar francamente mal". 

Gorka, hasta ahora, cumplía los requisitos para recibir la renta de su comunidad, pero aún así, nos dice, se considera un "afortunado" porque no todos pueden acceder a este tipo de ayudas. Porque hay quienes, a pesar de no tener nada, se quedan al margen.

Es el caso de María, que vive en Valencia junto a su hijo de 10 años, que lo perdió todo en la crisis como tanta gente y que ha podido superar los peores años con la ayuda de su entorno porque su alta formación le sacó de la bolsa para poder recibir ayudas públicas. "Me han dicho que soy una persona con un nivel muy alto de formación y entonces no me han dado ni una ayuda de comedor", dice. "Las rentas de inserción te las dan cuando ya estás en la calle", asegura. 

La historia de María es la de alguien que de repente ve cómo su estilo de vida cambia por completo y oculta lo que pasa mientras a la vez tiene que pedir ayuda a los más cercanos. A los que siempre están ahí. Porque a veces uno siente que la administración no responde.

Pero lo cierto es que en el último año la Comunidat Valenciana ha demostrado que, si hay voluntad política, se pueden cambiar las leyes, y cuando se cambian las leyes, se pueden mejorar las cosas. Con la nueva ley de inclusión se han ampliado las cuantías de las rentas mínimas y la comunidad ha pasado de estar la última en el ranking a ofrecer una de las prestaciones más altas.

Antes de abril de 2018, que es cuando entró en vigor la ley valenciana de inclusión, una familia con problemas económicos podía beneficiarse de una ayuda que oscilaba entre los 315 y los 495 euros al mes en función del número de miembros. Con la nueva ley las ayudas oscilan entre los 630 y los 990 euros.

La nueva ley, de la que se benefician ahora 31.200 titulares, se calcula, a diferencia de la anterior, en función del salario mínimo interprofesional, y de ella se pueden beneficiar mayores de 25 años o mayores de 16 con responsabilidad familiar, que lleven como mínimo un año residiendo en la Comunitat o que al menos hayan vivido cinco de los últimos 10 años. Eso sí, es condición que los ingresos familiares sean menores a la cuantía de la renta.

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