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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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¿Está preparada la legislación española para la 'ciberguerra sucia' electoral?

Entrevistamos a Paloma Llaneza, abogada, consultora de seguridad y autora del ensayo Datanomics

¿Es legal la campaña opaca que promueve la abstención entre la izquierda? Paloma Llaneza, autora del ensayo Datanomics, sostiene que bordea la legalidad, pero no hay herramientas para pararlo. La abogada y consultora de seguridad añade que "estamos en un entorno desconocido, en el que la publicidad electoral es regulada por la Junta Electoral Central y por la Ley Electoral. Me temo que no está previsto la existencia de estos medios que permiten identificar de manera única a cada uno de los votantes y dirigir un mensaje perfectamente alineado con sus sesgos cognitivos".

Sobre el hecho de que se suplante la identidad a seguidores de Errejón, Llaneza lamenta que en España tengamos un problema con el Código Penal que no reconoce la suplantación de identidad".

Una campaña poco novedosa

Llaneza ha estudiado cómo las empresas recaban y usan nuestra información personal para fines que nosotros no buscamos. A la hora de calificar la campaña que hemos conocido hoy, sostiene que es "chusca y poco novedosa". Recuerda, por ejemplo, el caso que explica "El gran hackeo" de Netflix, donde se refleja cómo se desincentivó el voto de los jóvenes musulmanes en Trinidad Tobago. "Quien hizo esa campaña sabía que los jóvenes musulmanes no irían a votar, mientras los hijos hindús irían religiosamente a votar junto a sus padres. El resultado fue que el candidato musulmán perdió estripitosamente".

Los precedentes y el futuro

La autora de Datanomics, lamenta la desprotección y el poco éxito que ha tenido la intención de regular este tipo de publicidad en Estados Unidos. Además, advierte Llaneza, "nos encontramos con una inminente campaña electoral en Gran Bretaña donde el principal estratega de Boris Johnson es el mismo que llevó a cabo el microtargetting del Brexit. Se trata de una práctica que el propio regulador de datos de Gran Bretaña tachó de manifiestamente ilegal.

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