Así identifica y encierra China a la minoría musulmana uigur "sometiéndola a torturas"

Por primera vez una investigación periodística ha desvelado la represión de China con las minorías, especialmente con la uigur. Lucía Abellán y Daniele Grasso han participado en la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que han colaborado más de 75 periodistas y 17 medios de 14 países. En ella se documentan las prácticas de vigilancia, persecución e internamiento forzoso de Pekín contra la minoría uigur.

Una de las víctimas es una señora uigur cuyo único delito fue tener negocios en extranjero, una empresa con su marido que se dedicaba a comerciar con el exterior, y a partir de ahí “el régimen la consideró sospechosa y llegó a internarla en un llamado eufemísticamente campo de reeducación donde solo pudo salir gracias a los contactos de su marido que era pakistaní ya través de la embajada y sobre todo dirigiéndose a la prensa extranjera”, nos cuenta Lucía Abellán.

La uigur es una minoría musulmana del noroeste de China, una zona de gran importancia en la nueva ruta de la seda diseñada por Pekín. Es la etnia predominante en la frontera oeste de China con alrededor de 11 millones de uigures. Una minoría que “muy poco tiene que ver con los chinos han, la etnia mayoritaria allí”, explica Daniele Grasso. Esto es por la diferencia religiosa, pero también por los rasgos, los usos y costumbres, lo cual “ha creado un problema nivel interno no por la diferencia en sí, sino por el momento en el que desde Pekín se quiso ir a colonizar estas zonas que son ricas en varios minerales, gas, petróleo, y es una zona en la que será fundamental el desarrollo de las nuevas vías comerciales chinas”.

En este contexto y con la excusa de la amenaza terrorista, China ha comenzado a reprimir a esta etnia. Solo entre el periodo del 19 al 25 de junio de 2017 hasta 25.000 personas fueron identificadas como uigures y más de 700 de esas personas acabaron en la cárcel y 15.600 fueron ingresadas en ‘centros de reeducación’. Un fenómeno del que muchos medios internacionales llevan tiempo informando, pero ahora existen documentos oficiales que acreditan que esa campaña de represión existe.

Esta represión se acrecentó en 2016 y la presión informativa hizo que el Gobierno chino publicara lo que llamó un libro blanco reconociendo que los ‘centros de reeducación’ existen, pero que su principal fin es lucha contra el terrorismo e inculcar valores de ciudadanía a unos ciudadanos consideran que están radicalizados, explica Abellán, pero estos documentos, “prueban que lejos de ser un campo de reeducación son más bien un campo de internamiento en los que se somete a la gente a torturas” tales como “encerramientos y el sometimiento al mandarín para una población que no tiene esa como su lengua materna”.

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Sometidos a un lavado de cerebro

Lo que China llama ‘entrenamiento ideológico’ de estas minorías consiste en tener a la gente bajo llave. En un documento de 25 puntos, el jefe de seguridad de la región explica a las autoridades como comportarse en los campos. También se insiste en que “todo debe mantenerse en secreto, todas habitaciones y los dormitorios tienen que estar cerrados con doble llave, todas las instalaciones tienen que estar vigiladas por un sistema de cámaras el que se especifica que no hay absolutamente ningún ángulo muerto”, asegura Grasso, lo que detalla el nivel de seguimiento de todos los internos “en cualquier momento de su vida, incluso siguiéndoles en las pausas para ir al baño, para asegurarse que no intenten escapar”.

Grasso nos cuenta que los guardias deben estar atentos a que las personas que están ahí “duerman siempre los mismos sitios, no cambien de posición cuando están en la cola, no salgan de las aulas cuando están teniendo clases teóricamente libres de mandarín, lo que da una sensación de qué estamos hablando de una cárcel, no de un centro de reeducación”. Además, se obliga a estas personas a permanecer allí un año y sólo salir cuando “hayan completado su transformación ideológica”, un concepto que, insiste el periodista, “te hace pensar en un lavado de cerebro”.

Para identificar uigures se llega a utilizar tecnología punta, incluso de cámaras de reconocimiento facial o puestos de policía en los que los policías piden a la gente que pasa los documentos y los móviles. Y hasta una “plataforma centralizada donde el gobierno chino todas estas informaciones que va recogiendo de la gente las utiliza para controlar a la gente uno por uno”. Buscan por ejemplo a quienes comparten contenido sobre el islam para luego encerrarlos.

Para Abellán, este es un “gran agujero negro” en la reputación de la segunda potencia mundial que trata de legitimarse en el mundo.

Silencio de la comunidad internacional

Pekín se apoya en sus embajadas para desplegar esta campaña de represión también en el exterior. Por eso Abellán cree que “médicamente tienen que contar con la complicidad de otros Estados. La segunda potencia mundial tiene mucho poder de tracción sobre otros países que podrían estar tentados de no ayudar en esa identificación de ciudadanos, y sin embargo en muchas ocasiones sí que se prestan a facilitar esas deportaciones e identificación de ciudadanos uigures que puedan estar en otra parte del mundo”. Esto demuestra la “obsesión por controlar hasta la última persona”. El argumento de la amenaza terrorista también favorece la convicción de otras diplomacias, “pero en el fondo se utiliza el subterfugio terrorista para justificar otras muchas cosas”, defiende la periodista.

Apenas ha habido reacciones de otros Gobiernos o la Comisión Europea. “Ha habido condenas, aunque esperaba que hubiera habido más”, dice Grasso, “pero nadie ha dicho vamos a cortar relaciones comerciales con China hasta que esto acabe”.

También han pedido una respuesta a la embajada China que se ha limitado a defender de forma genérica el concepto de ‘campos de reeducación’ y se escudan en la amenaza terrorista, subrayando que no existe ninguna represión por razones étnicas o religiosas. Sin embargo, no quieren hablar de los documentos oficiales a los que la investigación ha tenido acceso y repiten que se trata de una cuestión interna.