Interinos al borde de la oposición

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Madrid

Ana está a punto de cumplir 54 años y ha vuelto a estudiar. Ahora comparte tiempo de estudio con su hija que está en cuarto de carrera. Su plaza saldrá a concurso por el acuerdo que firmaron en 2017 Hacienda y los principales sindicatos para reducir la temporalidad en la administración pública. Ana aprobó el examen en 2001, pero se quedó sin plaza y entró en una bolsa de trabajo que la ha mantenido en la situación que tiene hoy. Desde hace 18 años, es interina en el ámbito de la salud pública.

En 2017, el ministerio de Hacienda y los principales sindicatos de la función pública, Comisiones Obreras, UGT y CSIF, cerraron un acuerdo para reducir hasta en un 8% la temporalidad, de cara a 2020. La forma de hacerlo es la que prevé la ley, la de la oposición o el concurso oposición, en el que todo el mundo puede concurrir y en el que la antigüedad en el puesto de trabajo puede o no ser valorada, en función del procedimiento que establezca la administración correspondiente. Enfrentarse ahora a un examen es el miedo que comparte Ana con otros oyentes que han contactado con Hora 25.

Andrea es profesora de Geografía e Historia de secundaria: "A mí, si me echan, después de una relación de 13 años contractual con la Xunta de Galicia me veo sin indemnización, sin puesto de trabajo y buscándome la vida. Cosa que en la empresa privada no ocurre. Quiero que esto quede claro. Se nos está aplicando un ERE y no se hace nada para ayudar".

Enrique, con 55 años, lamenta tener que competir con jóvenes sin cargas familiares y tiempo disponible para estudiar: "Puede entrar cualquiera. Al examen se presenta cualquiera. Si tú no apruebas el examen de oposición, que son memorísticos, te vas a la calle. Fuera. Y cuando digo fuera, sin indemnización, te vas. Compites con un recién licenciado que no tiene cargas familiares y tiene todo el tiempo, como hacía yo al principio de joven. Me mantenían mis padres y solo me podía dedicar a estudiar. Hemos de competir con esos".

No hay cálculos exactos de cuántas personas se encuentran en esta situación, porque afecta a todos los niveles de la administración. Por tanto, no hay una cuenta centralizada. En España, hay 600.000 trabajadores públicos son temporales, pero no todos son interinos de larga duración. En cualquier caso, la incertidumbre alcanza a centenares de miles de trabajadores.

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La última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La Abogada General en Luxemburgo sostiene que la situación de interinidad no se puede corregir haciendo fijos sin más a las personas en situación de temporalidad.

Frederic Monell, secretario de Organización de UGT servicios Públicos, no cree que Luxemburgo vaya a resolver el conflicto decretando la fijeza de los interinos: "Hay una situación clara de abuso, pero nosotros tenemos dudas de que en términos jurídicos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a resolver que para sancionar a la Administración opte por la fijeza de estos interinos. La Abogada de la UE no excluye la fijeza, pero remite a la legislación nacional y la legislación nacional no lo permite".

Alberto Anuncibay es abogado del Despacho Javier Araúz. Este despacho ha gestionado alrededor de 8.000 reclamaciones administrativas de interinos. Anuncibay sostiene que en ningún caso los procesos de estabilización puede conllevar aparejado gasto público. "Hablamos de indemnizaciones de unos importes enormes, porque es tal el volumen de temporalidad de las administraciones que son cantidades difícilmente asumbiles para las administraciones públicas", remata el abogado.