"Vine a Matamoros con un sueño, pero se derrumbó cuando llegué a la frontera"

En su discurso anual sobre el estado de la Nación de esta semana, Donald Trump volvió a asociar inmigración y criminalidad y prometió que en un año construiría 800 kilómetros del muro fronterizo con México. Sus palabras, vitoreadas por las filas republicanas, culminaron con la celebración de su acuerdo migratorio con el gobierno mexicano de López Obrador que, según el presidente estadounidense, ha conseguido que la llegada de inmigrantes por México haya caído un 75% desde mayo. También las detenciones en la frontera: en enero por ejemplo, se detuvo a 29.000 personas frente a los 50.000 del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, asociaciones humanitarias critican que el mayor control en la frontera está convirtiendo a las ciudades fronterizas mexicanas en campamentos improvisados -donde cada vez hay más menores de edad- y que ese pacto ha cambiado el trato también a los inmigrantes por parte de las autoridades. “El trato ha cambiado completamente en comparación con la caravana de migrantes que llegó hace un año a la frontera. Antes el proceso de visado era más ágil, ahora puede tardar hasta dos años. Además, los centros de inmigrantes están colapsados y se ha incrementado la presencia de la Guardia Nacional en toda la frontera. México ha primado la seguridad antes que la atención a las personas migrantes”, explica Adeline Neau, investidora para Centroamérica de Amnistía Internacional.

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Solo el año pasado murieron 515 personas en México intentanto llegar a la frontera, según la Organización Internacional para las migraciones (OIM). “Desde 2014 ha habido más de 2.500 muertes en la frontera. La mayoría por las altas y las bajas temperaturas en el norte de México y, especialmente por ahogamiento en el río Bravo”, explica a la SER Alberto Cabeza, portavoz en México de la OIM. “Los perfiles de los fallecidos son variados, aunque más de la mitad del total desde 2014 son hombres”.

Matamoros: un campamento a la espera de asilo político

Matamoros es una ciudad donde el río Bravo ejerce de frontera física con Estados Unidos. Allí se bañan las 1200 personas que viven, desde hace medio año, un campamento improvisado en la frontera. Allí, en tiendas de campaña, viven también 700 niños, según UNICEF México. “La situación en el campamento es especialmente precaria para los niños. No tienen donde jugar, les falta alimentos, medicinas y tienen retrasos en el aprendizaje. Una familia me contó hace unos días cuando salieron de Honduras hace seis meses su hija de cinco años sabía leer y escribir. Medio año después, lo ha olvidado”, cuenta a la SER Pressia Arifin, representante adjunta de UNICEF en México.

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La inmensa mayoría de las personas que esperan en el campamento el proceso de reconocimiento de asilo a Estados Unidos han recorrido miles de kilómetros desde Guatemala y Honduras. De este país salió Dalia -nombre ficticio-, dueña de una tienda de comida, cuando no pudo hacer frente al impuesto que le obligaban a pagar las mafias de su ciudad. Tras el último impago, le enviaron una nota: le dieron 24 horas para abonar la cantidad; si no lo hacía, la matarían: “Es muy difícil dejar tu vida y empezar de nuevo. Yo vine acá con un sueño, pero ese sueño se derrumba cuando llegas a la frontera”.

 Dalia tiene tres hijas. Llegó hasta la frontera con una de ellas, la más pequeña, de tres años. Y denuncia la situación de precariedad en la que vive junto a otros 700 menores. A la espera de que le concedan el visado, dice que el viaje ha merecido la pena el viaje y que esperará en el campamento el tiempo que haga falta: “espero porque confío en que Estados Unidos podré caminar tranquila sin miedo a que me maten. Todo inmigrante anhela estar ahí para empezar un futuro y yo quiero uno para mis hijos. Y sé que allí puedo lograrlo”.