La tasa Tobin y la tasa Google llegan al Consejo de Ministros

Madrid

Este martes el Consejo de Ministros aprobará la llamada ‘tasa Google’ -tasa digital- y la tasa de transacciones financieras, con los que pretende recaudar, por la primera 968 millones de euros al año, por la segunda, 850 millones más: en total, 1.818 millones que irían a recalar en las arcas del Estado. Sin embargo, esta recaudación se ve mermada en función de cuando el gravamen entre en vigor: cada mes en que la tasa Google no está vigente, se dejan de ingresar 80 millones de euros; cada mes en que la tasa a las transacciones financieras no está vigente se dejan de ingresar 70 millones de euros. Así, con unas cuentas rápidas, podemos concluir que, solo dejando de aplicarla en enero y febrero suponen ingresos perdidos ya por valor de 300 millones de euros. Retrasar la decisión hasta marzo supondría elevar esa cifra hasta 750 millones, por lo que, en realidad, las prisas del gobierno son recaudatorias, más que políticas.

Sin embargo, dos claves revelan la importancia de la regulación en el ámbito tecnológico, por un lado, puramente económico, que las grandes tecnológicas pagan menos que una Pyme y 25 veces menos que la banca; por otro, España da el paso antes de que la OCDE armonice su tasa Google… y después de que Francia pospusiera hasta diciembre la entrada en vigor de la suya, así que España se significa como promotor práctico de esa tasa que Trump ha amenazado ya con contestar con represalias arancelarias. Aunque la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya ha adelantado que España seguirá la senda establecida por Francia, y esperará final de 2020 para dejar que sea la OCDE quien dé el primer paso en este ámbito.

“Supongo que la Airef ya ha visto los detalles y ha rebajado significativamente la recaudación que marca el gobierno” ha apuntado el economista José Carlos Díez en Hora 25 de los Negocios, quien también ha esbozado algunos de los daños colaterales de esta nueva regulación, “en los market places, no es gravar directamente a Amazon o a las empresas distribuidoras, sino gravar a las empresas que participan en Amazon para hacer esta distribución. Entonces, si nos estamos quejando de que los márgenes en España son estrechos, que no llegan al productor, en este escenario de márgenes estrechos va a ir al consumidor, no lo van a pagar las compañías”.