La protección de los consumidores durante el COVID-19 genera dudas

Madrid

El Ministerio de Alberto Garzón envió un comunicado “a petición de las comunidades autónomas” en el que les aclaraba que “los plazos administrativos están suspendidos, entre otros motivos, para que ningún consumidor pierda derechos. De no ser así, las limitaciones de movilidad o la ralentización de algunos procesos en la administración como consecuencia de la situación excepcional en la que se encuentra el país provocarían que parte de la ciudadanía no tuviese garantizado su acceso a las reclamaciones”. 

El Ministerio de Consumo aclaraba también que “ningún caso la imposibilidad de la administración de tramitar reclamaciones conlleva pérdida de derechos: al suspenderse, los plazos de reclamación quedan congelados hasta el fin del estado de alarma, momento en el cual se reactivarán manteniendo intactos los derechos y tiempos pendientes. De esta manera, el Gobierno garantiza que ningún consumidor y usuario (sin acceso a internet en su domicilio, por ejemplo) vea limitados sus derechos y garantías”.

Pero para la organización Facua, “si se siguen las indicaciones del Ministerio de Consumo, se restará toda la capacidad de control y prevención del fraude a las autoridades competentes en la protección de los consumidores, tanto las autonómicas, como las locales y el propio Ministerio. Así, no podrían adoptar medidas cautelares o provisionales, iniciar investigación de hechos constitutivos de posibles infracciones, comenzar la tramitación de expedientes sancionadores ni llevar a cabo requerimientos de cese de actividades ilegales o abusivas, debiéndose limitar a orientar e informar a los consumidores”.

El propio Ministerio aclara que en su resolución de hace algunas semanas “el Gobierno busca que en todo momento primen los acuerdos entre empresas y consumidores para evitar perjuicios económicos, pero establece una serie de plazos para que, en caso de no haber opción de acuerdo, los derechos de consumidores y usuarios estén perfectamente garantizados”.

ASUFIN

ASUFIN se ha sumado a las dudas y considera que “la interpretación que hace el Ministerio de Consumo del decreto de alarma al dejar paralizados los cauces de reclamación de los consumidores ante los organismos competentes de las CCAA y entidades locales, no beneficia a los ciudadanos en tanto que retrasa la visualización de los problemas que se están produciendo durante el estado de alarma”.

La asociación dice que el decreto de alarma "no impide encauzar las reclamaciones y denuncias de los consumidores dando traslado de las mismas a las empresas interesadas, consiguiendo con eso resolver situaciones sencillas o disuadirles de determinados comportamientos abusivos lo antes posible”.

Además, la asociación que preside Patricia Suárez, ha emitido una nota en la que habla de “estragos económicos en el estado d alarma”. Por ejemplo, advierte de que los “microcréditos no deben ser una solución ante la falta de liquidez” porque la TAE (Tasa Anual Equivalente), lo que pagarás, puede superar intereses del 3.500% “por lo que puede convertirse en una trampa financiera”.

AGRICULTURA SOSTENIBLE

Por otro lado, más de 150 entidades, encabezadas por Greenpeace, aprovechando el Dia Internacional de la Lucha Campesina, ha enviado una carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas “solicitando apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero local y sostenible. Un sector vulnerable y de incuestionable importancia para poder seguir alimentando a la ciudadanía durante la crisis en la que estamos inmersos”.

A su juicio, “la actual crisis sanitaria está mostrando la insostenibilidad del modelo productivo. La ganadería industrial, por ejemplo, tiene un papel bien conocido en la aparición y propagación de infecciones virales similares a la Covid-19. De hecho, se estima que el 73% de todas las enfermedades infecciosas emergentes se originan en animales y que la ganadería transmite una cantidad extraordinaria de virus, como los coronavirus y los virus de la influenza, a los seres humanos”.