Los fondos buitre, al acecho de sus clientes durante el estado de alarma

Madrid

Àlex B., vecino de un bloque de viviendas en Badalona, recibió el pasado 31 de marzo un burofax del fondo de inversión inmobiliario Lazora, propietario de su vivienda. Su contrato de alquiler finaliza el próximo 30 de junio y la empresa quería comunicarle un "programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación" mientras dure el estado de alarma. Esta oferta, como la vende la empresa, supone una subida de casi un 40% del alquiler, hasta los 1.215 euros. 

"Me negué a aceptar lo que me proponen", asegura Àlex, quien propuso a Lazora mantener el precio actual por la crisis sanitaria. Poco después, la empresa le comunicó que prorrogaba su contrato de alquiler durante seis meses, tal y como exige el decreto de estado de alarma. Sus condiciones de renovación, sin embargo, seguían siendo las mismas. "En estos momentos solo me queda acogerme a la prórroga ordenada por el Gobierno y, una vez concluída, tratar de conseguir una congelación del alquiler. Tengo tres hijos y queremos asentarnos aquí", explica Àlex.

El fondo Lazora niega estar presionando a los inquilinos para que renueven los contratos. "Estas renovaciones ya estaban previstas, según los vencimientos de cada contrato. En caso de que el contrato finalice en los próximos meses, cualquier vecino puede solicitar una prórroga automática como contempla la ley", explica la empresa, que añade que una treintena de familias han decidido renovar los contratos en el mes de abril. Sin embargo, los documentos aportados por los vecinos demuestran que los plazos para aceptar las renovaciones con "condiciones extraordinarias" se limitan a 30 días o a la finalización del estado de alarma.

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Son muchas las familias que se encuentran en esta situación y que denuncian los abusos de los fondos propietarios de sus viviendas. Los afectados lamentan que la empresa trate de mostrar una "imagen amable", promoviendo desinfecciones de viviendas y publicitando un supuesto interés por las situaciones de vulnerabilidad de sus inquilinos, "cuando nunca ha mostrado voluntad de negociación", aseguran en un comunicado los vecinos de los bloques afectados en Barcelona, Badalona, Granollers, L'Hospitalet y Terrassa.

Otro fondo de inversión inmobiliario, Blackstone —y su filial en España, Fidere—, tiene en vilo a cerca de 60 familias de Torrejón de Ardoz. Los vecinos se negaron a renovar sus contratos en octubre de 2019, que incluían aumentos de hasta el 100% del precio del alquiler, y siguieron pagando la cuota anterior. Ahora, denuncian que el fondo les ha devuelto los recibos de los últimos meses aprovechando el estado de alarma. "Quieren hacer ver que no pagamos, que somos okupas, en un estado de alarma en el que no podemos movernos libremente ni hacer las gestiones pertinentes", asegura Raquel Villar, una de las vecinas.

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Otra vecina, Pepa García, denuncia que el fondo no ha parado de subir el precio del alquiler en los últimos años. Una maniobra que el propio Ayuntamiento de Torrejón reprobó a través de un texto conjunto de PP, PSOE y Podemos, en el que tachaba de "abusivas" las subidas de los precios. "El hecho de que Fidere haya devuelto ahora de forma masiva todas las mensualidades obedece a una estrategia para cansarnos moralmente. Ha tenido tiempo suficiente para hacer la devolución, y también podría haberlo hecho después del estado de alarma. Se trata de una estrategia que moralmente deja bastante que desear", asegura García.

Desde Fidere niegan rotundamente haber devuelto los recibos de golpe, aprovechando la situación de estado de alarma. "En cumplimiento estricto de la ley, Fidere viene realizando devoluciones a los inquilinos que decidieron no firmar un contrato nuevo en agosto pasado. Ese mes finalizaron los contratos, de tres años, que mantenían con Fidere. Es ilegal para cualquier arrendador aceptar el pago de rentes sin contrato en vigor", aseguran. Los vecinos han aportado a la Cadena SER ingresos de más de 3.000 euros por parte de la empresa, correspondientes supuestamente a varias mensualidades.

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Al igual que los vecinos de Cataluña, García denuncia un lavado de imagen de sus propietarios, a través de correos electrónicos en los que supuestamente se preocupan por su situación. "Estamos viviendo con una inseguridad tremenda, porque no sabemos cuál será la próxima maniobra de Fidere. Estamos en una situación de estrés y de inseguridad total. No sabemos lo que ocurrirá mañana ni lo que hará la empresa para presionar a los que estamos sufriendo esta injusticia", sentencia.