Ingreso Mínimo Vital: gran avance, letra pequeña

Madrid

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes el Real Decreto-Ley que regula el ingreso mínimo vital aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros. Se trata de una ayuda que se configura como un derecho subjetivo que garantiza un nivel mínimo de renta a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica que distingue entre beneficiarios individuales y unidades de convivencia a la hora de determinar la cuantía de la prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente. Además, en el pliego de 44 páginas en que se desglosan los requisitos, características y detalles de esta nueva prestación, figura que el derecho a percibir la prestación continuará vigente mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión, siempre que se cumplan los requisitos que dieron origen a la misma y regula las sanciones que conllevará el hecho de que alguien intente defraudar a la Administración con el objetivo del cobro del subsidio: el beneficiario podría perder hasta 5 años el derecho al cobro, independientemente de sus circunstancias, y al empresario que pague en negro a los trabajadores, se le considerará colaborador necesario en un delito de fraude.

Según explica en Hora 25 de los Negocios Javier Díaz Jiménez, profesor de economía en IESE Business School, la dotación de 3000 millones de euros –muy inferior a las cuantías estimadas en ocasiones inferiores- y que el BOE reduce para este año a 500 millones posiblemente se quede corto, “todavía no lo sabemos, va a depender un poco cómo evolucione la pandemia en los próximos meses. En un escenario optimista, puede que sea suficiente”. Respecto a la labor de inspección que habría que realizar para controlar que los fondos se destinan adecuadamente, Jiménez Díaz considera que “en cualquier sistema de protección social hay dos posibles errores: dejar fuera a personas que lo necesiten e incluir a personas que no lo necesitan, que se están aprovechando del sistema, y una sociedad tiene que decidir qué error está dispuesto a cometer, entonces, si la picaresca nos lleva a que algunas personas se aprovechen del sistema, es inevitable, en cambio, lo que a mi me da tranquilidad es que el sistema esté diseñado de tal manera que asume el error para cubrir a las personas que lo necesiten, por las razones que sea. Estoy dispuesto a aceptar ese error, porque me parece que es mucho más importante que en un país europeo, rico, como es España, tengamos personas, tengamos familias, en situación de necesidad, la obligación del Estado es socorrer a los necesitados ante una catástrofe natural, que es lo que es esta pandemia”.