Así 'azuza' el PP el debate sobre los fondos europeos: hablan del atropello a la Justicia, pero la bloquean
A España le corresponden 72.000 millones de euros en ayudas que no tendremos que devolver si finalmente se reparte el dinero del fondo europeo tal y como está previsto
Madrid
A España le corresponden 72.000 millones de euros en ayudas que no tendremos que devolver si finalmente se reparte el dinero del fondo europeo tal y como está previsto. 72.000 millones de euros "gratis", sin tener que devolverlo. Es dos veces toda la economía de Aragón. Esto va a llegar de Europa si se reparte el fondo de reconstrucción tal y como está ahora.
Pero para que esto se reparta así, el parlamento europeo exige que los países que van a recibir el dinero respeten el estado de derecho. Esto estaba pensado para Polonia o para Hungría, que llevan años pisoteando la independencia judicial o las libertades de las minorías.
Pero ahora, especialmente Polonia ha encontrado la excusa perfecta con lo que está pasando en España; el hecho de que PSOE y Unidas Podemos, para esquivar el bloqueo del PP, pretendan rebajar las mayorías para renovar el poder judicial y poder hacerlo por su cuenta, sin una mayoría cualificada de parlamento.
Tampoco contribuyen las voces de la oposición aquí en España que dicen que el Gobierno está finiquitando el estado de derecho, voces que al final son munición pura para esos países del este.
¿Qué pasa en Europa?
Entre España y Polonia las circunstancias pueden ser diferentes pero el problema es que en Bruselas no las conocen y lo que ha encendido sus alarmas es que un gobierno quiera cambiar la ley para designar a los jueces según su propia mayoría parlamentaria.
"La Comisión subraya la importancia de reducir la influencia del legislativo o del ejecutivo para reforzar la independencia judicial", dice el equipo de Úrsula Von der Leyen citando su informe 2020 sobre la situación de los derechos fundamentales.
Un informe presentado el pasado 30 de septiembre y en el que la Comisión presentaba como un problema para la democracia el bloqueo en la renovación de los jueces.
Dos semanas después lo que Bruselas teme es que la reforma del Presidente Sánchez politice el sistema, "es importante asegurar que el Consejo del Poder Judicial no sea percibido como una institución vulnerable a la politización", dice la Comisión a través de una nota que han difundido los portavoces del Comisario de Justicia Didier Reynders.
El texto resume la posición de la Comisión Europea tras muchos días de denuncias de Ciudadanos, de Vox y del Partido Popular contra un Gobierno de coalición PSOE-Podemos que, a su entender, desea destruir los valores tradicionales y cristianos.
El PP utiliza la munición europea
Pero más allá de las advertencias un tanto genéricas desde la Comisión Europea, lo que está azuzando todo este debate es el empeño del PP por elevar el asunto a Europa. Hasta el punto de que hoy, los de Casado ya han llegado a verbalizar que quizá España no tenga que recibir ese dinero gratis si no cumple las normas.
El propio PP ha difundido una nota esta tarde diciendo que Pablo Casado ha explicado en la próxima cumbre del PP Europeo los pasos que -según él- está dando Pedro Sánchez para debilitar la democracia española.
El problema es que olvidan que en España es la negativa del PP a cumplir el mandato constitucional la que no permite que se renueve el Poder Judicial. No le interesa al PP que se renueve, porque ahora mismo ese consejo es conservador, porque se diseñó cuando el PP tenía mayoría absoluta. Si se renovara ahora, las mayorías serían otras, y al PP no le interesa.
Pero, ¿qué pasa en Polonia?
En el caso de Polonia son tres frentes los que tiene abiertos por reformas que afectan a su poder judicial -todas aprobadas y en vigor-:
-La que permitió cambiar a un tercio de los jueces de su Supremo al adelantar la jubilación en cinco años y hacer que sólo el presidente de la República pueda retrasarles esa jubilación
-Un régimen disciplinario que amplia los casos en que el equivalente polaco al Consejo del poder Judicial puede sancionar a un magistrado y que por ejemplo puede castigarles por recurrir a tribunales europeos
-Y la reforma del propio Consejo del poder Judicial que deja en manos del legislativo el nombramiento de una mayoría de sus miembros. Este órgano es el que nomina a los jueces para los puestos vacantes, incluido el Supremo. Requiere un respaldo de 3/5 partes de la dieta o Parlamento de Polonia.
La mayoría de gobierno no ha hecho ningún secreto de que considera que el poder judicial polaco está en manos de comunistas y poderes extranjeros y quiere cambiar eso. En el caso español, hablamos de una propuesta de grupos parlamentarios en lo referente a la elección de miembros del Consejo del Poder Judicial, que rebajaría de mayoría reforzada a absoluta. No cambia nada más respecto a cómo se imparte Justicia en España.
Las cuitas de Polonia con la Comisión por la independencia judicial en ese país vienen de 2015 y han llevado a dos procesos sancionadores:
-El primer proceso arranca en 2016, cuando la Comisión advierte al gobierno polaco de que reforma para jubilar a los jueces del Supremo no se ajusta a los principios europeos del Imperio de la Ley. La reforma posibilitaba que se cambie a más de un tercio de los magistrados al reducir de 70 a 65 años la edad de jubilación.
Con esa reforma, los jueces y magistrados podían pedir una prorroga que depende de una decisión del Presidente de la República sin criterios objetivos y sin apelación posible a una instancia judicial.
-Otro motivo de enfrentamiento es la reforma del Consejo Judicial Nacional, sobre todo en lo que se refiere a la elección de sus miembros. Este órgano se encarga de asuntos de régimen interno de la judicatura, asuntos de deontología y nominación de jueves para puestos vacantes. Sus miembros son elegidos entre todos los poderes del Estado, pero la modificación de 2017 dejaba en manos del legislativo la selección de la mayoría de sus 26 miembros y eso socava la independencia judicial según la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
Tras unas primeras conversaciones, el Gobierno introdujo una modificación para que interviniera una instancia intermedia el Consejo Judicial Nacional que podría emitir opiniones pero no vinculantes. Este órgano está formado por miembros elegidos por las regiones autónomas, la cámara baja del parlamento, el presidente de la República y el presidente del Supremo.
