Un trecho profundamente antidemocrático

Madrid

La crisis institucional que se sumó, ya hace tiempo, a la crisis sanitaria y económica que vive este país, dio ayer un paso más, un sorprendente paso más, con la postura crítica de algunos jueces a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Varios tribunales superiores de justicia han hecho públicos comunicados, casi idénticos, diciendo que no les gusta la proposición y el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar un pleno la semana que viene para examinar la reforma legal planteada. Todo esto genera cierto malestar entre los propios jueces porque no todos creen que se tenga que opinar sobre una competencia del poder legislativo.

No deja de ser llamativo que tanto que se ha hablado de la injerencia de la política en la justicia, estemos hablando ahora de la injerencia de la justicia en la política. Porque no son las asociaciones de jueces las que se pronuncian, estas ya lo hicieron nada más conocerse la propuesta, son tribunales superiores de justicia, los que imparten justicia, los que lo hacen ahora. Y es el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace casi dos años, el que se va a reunir también para examinar la propuesta de reforma, en un pleno que no tiene ninguna finalidad práctica pero que contribuye a aumentar el gran ruido político que ya hay en torno a esta cuestión.

No recuerdo este tipo de cuestionamientos ni de injerencia sobre el bloqueo del Partido Popular a la reforma del órgano de gobierno de los jueces. Bloqueo sobre el cual, ayer, por cierto, Pablo Casado dio su versión que nada tiene que ver con la realidad. Atribuye al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado el que se frustrara la negociación. Se cree Casado que nos hemos olvidado del famoso Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, asegurando que, con el reparto de jueces pactado con el PSOE, el PP iba a controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás.

Ahora Casado se niega a negociar de nuevo si Pablo Iglesias sigue en el gobierno. Pero lo que pasa es que Pablo Iglesias es el vicepresidente de un Gobierno legítimo, que puede no gustarle, pero de ahí a exigir su salida del ejecutivo hay un gran trecho, un trecho profundamente antidemocrático.

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