La precariedad de los investigadores predoctorales: "Somos mano de obra cualificada y barata"

Madrid

Después de haber terminado la carrera de Matemáticas y haber hecho un máster, Daniel decidió iniciar sus estudios de doctorado. Durante cuatro años se sumergió en un proyecto de desarrollo de herramientas matemáticas que posteriormente servirían de aplicación para modelos técnicos o como estudio de otras cuestiones. Cuatro años que fueron remunerados con un sueldo medio de 1.200 euros, aunque al finalizar su contrato, no recibió ningún tipo de indemnización. El principal motivo es que la legislación vigente no regula directamente este tipo de derecho.

Se trata de una demanda histórica que lleva haciendo el personal investigador predoctoral desde hace años. En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les arrojó un rayo de esperanza después de que reconociese dicho derecho. Sin embargo, la Universidad de Santiago de Compostela recurrió y el Tribunal Supremo ha terminado por anular el dictamen del tribunal gallego porque descarta equiparar este tipo de contratos con los de obra y servicio, enmarcándolo en el ámbito formativo. Una decisión que ha sido calificada por colectivos y activistas como "injusta".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se remitía al artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores que sí recoge el derecho a una indemnización para aquellos contratos de duración determinada, salvo que sean de interinidad y con carácter formativo. Lo que sucede es que la actual Ley de la Ciencia regula los contratos predoctorales como una variante de los contratos temporales y no especifica en ningún caso el derecho a una indemnización una vez terminado el contrato.

¿Contrato formativo o de obra y servicios?

Aunque la ley parezca clara, los investigadores predoctorales piden que se les reconozca como trabajadores de pleno derecho y no como becarios. "Una actividad investigadora siempre lleva asociada aspectos formativos como es participar en conferencias, seminarios... pero eso no debe ser la excusa para recortar los derechos de los trabajadores", explica José Manuel Pérez, investigador predoctoral y representante de FPU Investiga. A lo que también añade "que esta decisión es fruto de que se sigue sin entender la labor de la investigación desde el contexto jurídico".

Según Jesús Lahera, miembro de la Asociación Nacional de Juristas Laboralistas y Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, la solución del Tribunal Supremo es "razonable". Explica que estos contratos "se enmarcan en proyectos de investigación que tiene finalidades formativas" y por tanto no cree que exista "ningún tipo de discriminación". Y a pesar de las singularidades que tienen los contratos predoctorales frente a los de prácticas, alega "que se asemejan mucho".

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Por su parte, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, reconoce el componente formativo, pero dice que la realización de una tesis doctoral "es ciertamente una obra y servicio" y que la normativa puede ser mejorada. "Para que sea un auténtico contrato de investigación predoctoral, debe evitarse para fines completamente diferentes a lo que es la realización de la tarea investigadora".

FPU Investiga manifiesta que su trabajo y contrato dista mucho del de un estudiante en prácticas. Dicen que ni los objetivos, ni la duración, ni la retribución económica son las mismas. "Trabajamos en los mismos términos que el resto de personal docente de investigación de la universidad. Hacemos investigación y también docencia", dice José Manuel Pérez de esta entidad. Además de que con su trabajo "se producen resultados que luego son utilizados por la universidad, que son de interés, inciden en sus indicadores de investigación científica y tienen una repercusión económica en las mismas", explica Daniel.

A lo que añade Pérez que "es indignante" y que "en pocas palabras, somos mano de obra cualificada y barata".

"La explotación solo genera supervivientes, no solventa retos de importancia"

Ahora FPU Investiga denuncia la precarización de la ciencia y reclama una regulación específica que recoja este derecho que consideran como "básico y esencial". Daniel, después de haber aprobado su tesis doctoral, dice tener claro que "el objetivo de esta lucha no es meramente económico, sino que lleva el reconocimiento de muchísimas personas que se están dejando la piel para que la investigación en este país sea lo mejor posible".

La indemnización por fin de contrato no es la primera demanda que realiza la comunidad científica más joven. También exigen soluciones ante la falta de recursos, cuestiones salariales o los llamados trienios de investigación. "En España no hay una cultura que ponga en valor la investigación como trabajo productivo", explica José Manuel Pérez. "La explotación solo genera supervivientes y esto deteriora el propio significado de la investigación porque los supervivientes se concentran en sobrevivir, no en proponer nuevas soluciones a retos de importancia".

Por ello, se están reivindicando a través de las redes sociales bajo los hashtags #SinCienciaNoHayFuturo y #SinDerechosTampocoHayCiencia con el fin de que se dé "un paso más" en los próximos Presupuestos Generales del Estado. FPU Investiga ya ha tramitado la reclamación de una enmienda a los principales partidos y esperan el suficiente apoyo que les permita incluir el derecho a una indemnización por extinción de trabajo en la ley de la Ciencia.

"Nos harían creer de nuevo en la investigación", dice Pérez. "Ser científico, ser investigador… debería de ser una de las piezas destacadas para construir una sociedad de conocimiento".