La impunidad policial que permanece pese a la pandemia

Madrid

El país más grande de Sudamérica, Brasil, es uno de los lugares del mundo con mayor letalidad en manos de la policía. Este jueves, Joao Alberto Silveira, de 40 años, fue asesinado tras recibir una paliza de dos vigilantes en una tienda de la ciudad sureña de Porto Alegre. Un incidente que ha hecho que centenares de personas salgan a la calle durante el día de la Consciencia Negra. El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, ha afirmado a medios locales que "el racismo no existe", aunque los datos no dicen lo mismo.

Durante este primer semestre del año, al menos 3.148 personas murieron a manos de los agentes. Un 7% más que el año pasado durante el mismo período, cuando se registraron 2.934, en base a las cifras oficiales que publican los estados. Es de destacar que este aumento de muertes ha ocurrido durante la pandemia en donde las altas cifras contagios hizo que varias de las regiones adoptaran medidas de aislamiento. Es decir, que ha habido un aumento de la violencia incluso con menos gente en las calles.

El caso de Joao Alberto Silveira no es el único que ha escandalizado a la sociedad brasileña. En mayo de este año, sucedió una situación similar tras el asesinato del adolescente Joan Pedro Mattos en el Complexo do Salgueiro, en São Gonçalo. Tuvo lugar durante una redada de la Policía Federal y Civil de Brasil. Según los familiares, los agentes llegaron al domicilio y dispararon sin ni si quiera preguntar quién era. "En Brasil hay millares de George Floyd", explica Bruno Lima, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Unisinos, al sur del país. El perfil de sospechoso suele ser joven, negro o afrodescendiente y de clase baja. "Tienes una posibilidad de morir del 70% más que el de un joven blanco de clase media alta", afirma Lima.

Un uso de las armas que abre el debate en un país donde no solo hay criminalidad policial, sino también a través de la delincuencia. Según Lima, la sociedad brasileña aúna "una confluencia autoritaria y conservadora" que corresponde a una sociedad postcolonial que fue la última en América en ver abolir la esclavitud en 1888. Y que se suma a la dictadura militar que sufrió Brasil y que terminó en 1985, lo que hace que "la mentalidad de la policía sea una mentalidad autoritaria" y crea una idea de "pueblo como un enemigo que debe ser controlado", añade Lima.

De este modo, alega que la impunidad policial se da por varios factores: en primer lugar, por la dominación dentro de la institución: "Hay un dicho de aquí que dice que las policías militares se gobiernan solas". En segundo lugar, porque "los tribunales tienden a absolver a los acusados y los procesos son muy lentos". Es más, varios estudios realizados el año pasado reflejan como el 90% de las muertes causadas por la policía en Rio de Janeiro terminaron archivados. Y, en tercer lugar, Bruno Lima habla de la cobertura de los medios de comunicación. "Son muy cómplices", explica.

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Perú y su Ley de Protección Policial

Hace una semana, el país protagonizó diversos disturbios en las protestas en Lima contra el Gobierno de Transición de Manuel Merino. Los incidentes se saldaron con un centenar de heridos y la muerte de dos manifestantes. El primero falleció por "múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego", según el parte médico publicado por la Policía Nacional de Perú. Y el segundo murió a causa de "un proyectil de arma de fuego en el tórax, a la altura del corazón". Las fuerzas de seguridad lanzaron botes de gas lacrimógeno y dispararon perdigones de goma contra las víctimas.

Esta práctica ha sido denunciada por numerosas organizaciones internacionales. Sin embargo, la legislación actual dificulta procesar a aquellos agentes que hagan un uso desmedido de la fuerza. Este año, la Justicia promulgó una ley que alega que la Policía Nacional de Perú estará exenta de cualquier responsabilidad penal si "en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte". Un polémico decreto que han criticado organizaciones como Human Right Watch, ya que dice que la ley otorga a los agentes una protección jurídica especial. Además, "lo que busca no es proteger a la población civil ni prevenir los abusos, más bien empoderar a los policías abusivos y garantizar la impunidad", según explica Juan Pappier, de la ONG.

Venezuela sin órganos independientes para investigar

La policía del gobierno de Nicolás Maduro también se caracteriza por una alta tasa de criminalidad, en base a lo que reflejan los datos. Al menos 1.611 personas fueron asesinadas a manos de los agentes durante los primeros seis meses de este año, según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). La ONG afirma que se tratan de "ejecuciones extrajudiciales", una práctica en la que se ha profundizado desde 2017 cuando Maduro activó las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con la finalidad de "proteger al pueblo" en los sectores más populares del país.

Juan Pappier, de Human Right Watch, alega que en Venezuela "no existe ningún organismo independiente que tenga la capacidad y el interés de investigar estos abusos y por eso la impunidad es casi absoluta". Pappier apela a las reformas de las leyes para garantizar que estos casos no vuelvan a ocurrir. Aunque advierte que en países como Venezuela "es imposible esperar que adelanten este tipo de normas porque son los gobernantes quienes se benefician de los sistemas que permiten la impunidad". Para este reportaje, se ha contactado con la Fiscalía General de Venezuela, pero no han querido responder a nuestras preguntas.

Chile menos asesinatos, pero misma violencia

La policía chilena, más conocida como los Carabineros, es diferente a los ejemplos expuestos con anterioridad. Según Felipe Paredes, profesor de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Austral de Chile, se han cometido pocos homicidios en manos de los agentes en los últimos años, pero "eso no significa que no sea violenta, más bien todo lo contrario".

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Paredes explica que la violencia policial está presente desde hace décadas a través de casos más regionales como son con los mapuches, un pueblo indígena que vive en Chile y Argentina, donde se llegó a asesinar a su líder Camilo Catrillanca en 2018. Aunque posteriormente la represión se convirtió en un problema mayor tras el estallido social, una ola de protestas en todo el país que empezó en octubre de 2019 y terminó en marzo de este año. En ella, miles de personas fueron heridas y cuatro fueron asesinadas a manos de los agentes. "Los Carabineros nunca han dejado de ser violentos y seguimos teniendo una policía similar a la que tuvimos durante la dictadura de Pinochet", explica Felipe Paredes.

La institución recibió una multitud de denuncias de las que, de momento, solo ha habido una sentencia firme en donde se condena a uno de los agentes por tentativa de homicidio. Desde el inicio del estallido y a día de hoy, se han contabilizado un total de 8.575 denuncias de víctimas asociadas a presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionales policiales, según datos del Ministerio Público de Chile. Violaciones que van desde las lesiones graves, pérdida total o parcial de la visión, torturas hasta detenciones ilegales y abusos sexuales.

Y aunque las leyes si funcionen en Chile, Paredes alega que los procedimientos judiciales son lentos y se une a un problema en el mecanismo de control del cuerpo policial. Primero, de manera interna, porque "niegan que exista algún problema de cumplimiento con estándares de derechos humanos", pero también por una ausencia de voluntad política. En cualquiera de los casos, los procedimientos judiciales contra la policía continúan y la sociedad chilena vive esperanzada a que las instituciones respondan a esto que Paredes considera un "desafío". "Ahora tienen una oportunidad importante de dar un paso en la erradicación de una cultura policial de abuso y de impunidad".