¿Poner límites razonables o puertas al campo?

Mucho hemos hablado estos días sobre las dificultades para controlar los movimientos de personas que entrarían dentro de las excepciones a las restricciones de movilidad para las próximas fiestas navideñas. El Gobierno Vasco ha decidido dar un paso y poner en marcha una especie de salvoconducto, una declaración personal por escrito que deberán firmar todos aquellos que quieran salir de la comunidad autónoma. En ella se declarará el motivo del viaje y todos los datos propios y de la persona a la que se va a visitar. Cualquier dato falso, se advierte, será causa para impedir el viaje en el momento o para reclamar a posteriori “responsabilidades penales, civiles o administrativas” que no se especifican.

El objetivo es claro y la intención es loable: impedir que con el pretexto de abrazar a la abuelita uno se monte una fiesta prescindible con personal no necesariamente allegado. Pero la pregunta es qué posibilidad de verificación existe en el momento sin montar un colapso en carreteras, estaciones o aeropuertos y qué capacidad de investigación tendrán las autoridades competentes para comprobar esos datos a posteriori. Porque si no, esa “declaración responsable” será poco más que un intento de poner puertas al campo. Y habría que volver a la casilla de salida: reclamar solemnemente responsabilidad a los ciudadanos o confinarlos, si es que no se fían.