El precio económico e institucional del bloqueo político

Madrid

Este lunes reabren los centros comerciales y las estaciones de esquí en Cataluña. Desde mañana, en Aragón, regresa también el consumo en interior de bares o restaurantes que podrán abrir hasta las diez de la noche. Gimnasios y esquí también regresan allí. Todos los hacen sin las ayudas del estado que se prometieron en su día porque la política parece estar viviendo una parálisis ante la segunda ola de coronavirus.

En esta segunda ola nada de lo que se anunció se ha convertido en norma todavía. El Gobierno sigue diciendo que eso llegará en próximos consejos de ministros, pero lo cierto es que el plan de rescate a bares y restaurantes sigue sin aprobarse. El presidente Sánchez lo anunció el 20 de noviembre. Estamos a 14 de diciembre y el Ejecutivo dice que tampoco estará listo para este martes y que podría llegar el día 29 de diciembre. Llegará, en cualquier caso, 290 días después del primer confinamiento.

El plan de ayudas a las estaciones de esquí, también sigue sin aprobarse. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que se abordaría hace dos Consejos Interterritoriales de Salud. 

El mismo destino corre el decreto para frenar los desahucios que Podemos anunció el 2 de diciembre. El PSOE, que afirma que ellos no pusieron fecha, también retrasa su aprobación. Ocurre lo mismo con el Plan de Transformación y Resilencia. La batalla entre PSOE y Podemos sobre qué miembros del Ejecutivo repartían fondos ha pospuesto su aprobación.

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Y ahora llega el Salario Mínimo Interprofesional: Trabajo quiere subirlo, Economía congelarlo. También eso sigue paralizado. La parálisis se mide en cifras. España es el país desarrollado que menos ayudas directas ha concedido a sus negocios: apenas un 4,3% frente al 5,1% de Francia o al doble de Alemania o Reino Unido, un 8,3%.

Gobierno y oposición también mantienen bloqueadas hasta cuatro instituciones, más allá del Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ lleva pendiente de renovación desde 2018 y ejerciendo ya más de dos años en funciones. Pero no es el único.

También el Tribunal Constitucional está pendiente de renovación desde 2019. Cuatro de sus 12 vocales, entre otros su presidente Juan José González-Rivas, tienen ya mandatos expirados y uno de ellos dimitió tras una acusación de malos tratos.

También está paralizado el Tribunal de Cuentas que tiene vacantes pendientes de renovación desde 2018. Más sangrante todavía, es el caso del Defensor del Pueblo que está pendiente de renovación desde 2017. Francisco Fernández-Marugán, como adjunto, accedió al cargo hace 3 años. Lleva ya tres años en funciones

Y lo mismo ocurre con el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública, que está en funciones desde 2018. Rosa María Mateo lleva siendo "administradora provisional única más de dos años. La primera y la segunda ola han servido para que lo que está bloqueado ahora esté oxidado.

Hay un bloqueo del Gobierno, hay un bloqueo de la oposición, pero también el Congreso parece haber entrado en una cierta parálisis legislativa con consecuencias económicas.

Es un bloqueo parlamentario en el que, por no haber, no hay ni Comisión de Fondos Reservados que ni siquiera ha llegado a constituirse y que impide que se fiscalice, por ejemplo, al CNI desde hace más de 19 meses o que el Gobierno tenga un foro para reportar información reservada. Año y medio sin reunirse.

El Partido Popular denuncia también que no se han tramitado de sus 159 proposiciones de ley. Y el bloqueo ha impedido, por ejemplo, aprobar prórrogas o condonaciones de impuestos hasta el punto de que España es el país que menos impuestos ha perdonado en la Unión Europea. Mientras España sólo ha pospuesto o condonado un 0,4% de sus impuestos países como Alemania, permiten el impago del 7,3% de sus impuestos previstos. Francia permite el retraso del 8,7% de la recaudación prevista; Italia el 13,2%.

El bloqueo tiene precio y la factura la pagamos nosotros, los ciudadanos.