IU amplía su querella contra el rey emérito tras la regularización fiscal y las nuevas informaciones

Madrid

Izquierda Unida presenta este jueves en el Tribunal Supremo una ampliación de la querella contra el rey emérito, interpuesta inicialmente en 2018, tras las informaciones publicadas en los últimos meses y que, a juicio de la coalición de izquierdas, supondrían "nuevos hechos" que constituirían la "probable y posible comisión" de delitos. Así consta en el texto, al que ha tenido acceso la SER, en el que se hace referencia a presuntas comisiones recibidas de países como Bahréin y Kazajistán o a la existencia de cuentas en el extranjero.

Los de Alberto Garzón también inciden en la regularización fiscal llevada a cabo por el monarca interpretando que no cabría excusa absolutoria. En total, los de Alberto Garzón imputan al exjefe del Estado 13 delitos. Entre ellos, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, administración desleal, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales o revelación de secretos.

La querella, que data de 2018, fue archivada de plano en seis meses pero este verano Izquierda Unida solicitó su reapertura y la Sala de lo Penal del Supremo debe decidir si admiten esa denuncia ahora ampliada. Entre los querellados se encontraban, además de Juan Carlos de Borbón, figuras como Corinna Larssen, el excomisario Villarejo o el exdirector del CNI, Félix Sanz, pero ahora Izquierda amplía también la lista con nombres como el primo del emérito, Álvaro de Orleans o el ex empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, cuyos fondos, según los investigadores, podrían haber nutrido las tarjetas opacas usadas por el emérito.

Precisamente, el texto hace especial referencia a los presuntos delitos fiscales y a la regulación llevada a cabo por Don Juan Carlos cuya conducta, según los denunciantes, "no ha sido espontánea" sino que es producto, afirman, de la "extensa publicación" de unas diligencias de investigación y "del conocimiento que ha tenido tras la comunicación formal realizada por la Fiscalía del Tribunal Supremo", aseguran. Y concluyen que "en ningún caso" cabría interpretar "que le es de aplicación la excusa absolutoria contemplada en el apartado 4º del articulo 305 CP".

Izquierda Unida incide además en el concepto de inviolabilidad y, según su análisis, el emérito puede ser investigado y condenado por hechos incluso anteriores al año de su abdicación, 2014. En todo caso, los querellantes entienden que, una vez finalizado el mandato, queda plenamente abierta la investigación y enjuiciamiento.