Acuerdo para frenar los desahucios

Madrid

Finalmente, se ha desbloqueado uno de los asuntos que más ha enfrentado al gobierno de coalición: los desahucios. En el texto que este jueves se ha enviado a la Comisión se Secretarios de Estado y Subsecretarios, todos los propietarios de vivienda afectados por el decreto antidesahucios tendrá compensación: cuando el juez paralice un desahucio por la vulnerabilidad de los afectados, los propietarios, ya sean grandes o pequeños tenedores, siempre podrán pedir una compensación económica si los servicios sociales que han acreditado la vulnerabilidad de los inquilinos u ocupantes de la vivienda no les dan una alternativa habitacional en el plazo de tres meses.

Transcurridos tres meses de impagos, el propietario de la vivienda puede pedir una compensación equivalente al precio medio del alquiler en la zona, más los gastos en que haya incurrido hasta el momento en que se levante la suspensión del desahucio o finalice el estado de alarma. En el caso de las viviendas okupadas, sin contrato de arrendamiento, el desahucio seguirá adelante si es la primera o segunda vivienda de un propietario persona física o esté cedido a una persona física. También habrá desahucio si ha sido ocupada con violencia o la vivienda se usa para actividades ilícitas.

Según José García Montalvo, Catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra,  "frente a la solución que era ningún tipo de compensación por cualquier espacio temporal, esto es una solución intermedia que de alguna manera intenta reequilibrar la situación, y devuelve un poco la pelota al sector público que al final es el que tiene la obligación de proveer estas viviendas a las familias vulnerables. Lo hace en el sentido de que, si a los tres meses no se ha producido ese ofrecimiento de una vivienda, al final tiene que pagar una compensación, y esto es sensato, porque si no, tendríamos una situación en que el sector público se desentiende y el sector privado paga por las obligaciones del sector público".

La ‘economía de las canas’

Además, En España hay, según el INE, 15,5 millones de personas de más de 55 años, una parte de la población que continuará creciendo, según las perspectivas de la Comisión Europea, que señala que en 2015, había 199 millones de personas con más de 50 años en la Unión, lo que en términos económicos supone un consumo de 3,7 billones de euros en productos y servicios, lo que aporta más de 4,2 billones de euros en PIB y cerca de 80 millones de puestos de trabajo. La previsión es que esta parte de la población continúe incrementando su volumen, y por ende, su gasto: se espera que en 2025 un 42,9% de la población europea superará los 50 años, con un peso en el PIB de 5,7 billones de euros, y 90 millones de empleos, directos e indirectos.

Ana Sánchez profesora y coordinadora de proyectos europeos en la Diputación de Zamora apunta en Hora 25 de los Negocios que "la silver economy se tipifica como la economía del futuro, es una economía de crecimiento. Digamos que los grandes gurús de Sillicon Valley, que siempre van por delante en esto, la destacan como una de las grandes economías y en la Comisión Europea, el propio jefe de programas ha dicho que será la primera economía".

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"Es una gran oportunidad, que habilita un tipo de economía distinto. Una economía, en gran medida, digital, y en varios ámbitos. El consumidor senior quiere ser independiente pero vivir con calidad de vida, y aquí, la tecnología está para asistirle. Un ámbito que vemos claro es el hogar, el hogar conectado" explica Miguel Ángel González San Román, director de plataformas digitales de negocio.